Cepyme han convocado para este martes a sus órganos de gobierno para analizar el decreto del Ejecutivo sobre el teletrabajo. Los empresarios indican que se han superado "todos los obstáculos" pero apuran así los plazos para adherirse a la aprobación urgente de la norma en el Consejo de Ministros.
La nueva regulación del teletrabajo nacerá con negociaciones hasta el último minuto entre empresarios, sindicatos y Gobierno. Las patronales CEOE y Cepyme han convocado para hoy a primera hora de la mañana a sus órganos de gobierno con el objeto de analizar el texto que esta misma tarde negocian sus equipos jurídicos.
A última hora de la tarde, los empresarios han dado por superados "los obstáculos que nos distanciaban", aunque añadieron que todo deberá ser ratificado mañana por los respectivos órganos de gobierno de las organizaciones.
Por la mañana, el Gobierno ha firmado ya un acuerdo con los sindicatos por el que la nueva regulación se aplicará a las administraciones y empleados públicos al incluirse en el Estatuto Básico del Empleado Público. Más de 2,6 millones de funcionarios y personal laboral de las administraciones estarán sujetos a esta norma que establece el teletrabajo como una actividad pactada entre empleador y empleado con carácter voluntario, reversible, sin menoscabo de derechos respecto a quienes realizan trabajo presencial y con equipos y gastos facilitados por la administración.
A partir de ahora, las administraciones públicas que lo requieran dispondrán de un periodo de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial. En el sector público, las administraciones autonómicas son las que mayor número de funcionarios emplean, si bien la mayor parte del personal laboral es contratada por los ayuntamientos.
En el sector privado las negociaciones han sido mucho más complicadas pero el Ministerio de Trabajo ha mostrado su disposición a llevar ya mañana mismo al Consejo de Ministros lo que inició como un anteproyecto de ley y tres meses después ha acabado siendo un Real Decreto Ley tramitado con carácter urgente. Este ultimátum parece haber sacado a las negociaciones del estancamiento forzando a concesiones. A última hora de la tarde, fuentes de la negociación señalaban que las tres partes "están cerca de un preacuerdo".
Desde un primer momento, los empresarios han negociado la norma impulsada por Yolanda Díaz subrayando el hecho de que no existe urgencia ninguna para hacerla realidad cuando la pandemia ha impuesto precisamente unas condiciones laborales extraordinarias que fomentan el teletrabajo. La situación económica marca como prioridad otras negociaciones como son las de la renovación de un nuevo esquema de ayudas a empresas y trabajadores a través de expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) que deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros el próximo martes 29 de septiembre.
Con todo, la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, ya dio señales a los empresarios la semana pasada de que no estaba dispuesta a esperar más para sacar adelante su decreto y que, en ese sentido, podría contar o no con su apoyo. Tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, el decreto puede recibir enmiendas en el trámite parlamentario.
En caso de negarse a avalar el real decreto que les propone Trabajo, Díaz debería poner en marcha, por primera vez, un gran acuerdo laboral sin el acuerdo de los agentes sociales y el clima de las negociaciones de cara a la renovación de los ERTE más allá del 30 de septiembre se tensaría más de lo que ya está.
En este plano, ni los sindicatos ni los empresarios están de acuerdo con las propuestas que les traslada José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social para acordar un cuadro de exoneraciones a las cotizaciones de los trabajadores que están o han pasado por un ERTE. Su contraoferta de anular el sistema de incentivos ideado por Escrivá (rebajas de cotizaciones sobre los trabajadores que se reincorporan desde la suspensión de empleo) y trasladar esos recursos a las empresas en ERTE tampoco gusta a Seguridad Social.
