La responsabilidad contractual, o también conocida como responsabilidad civil contractual, es una serie de obligaciones jurídicas derivadas de la celebración de un contrato. Todas las partes están obligadas por este documento, firmado de conformidad con la ley y tiene efectos legales. Quien incumpla el contrato está obligado a indemnizar a la otra parte, por ello lo más aconsejable es que pida asesoramiento con un especialista en civil.
Las disposiciones más importantes sobre responsabilidad civil por contratos se encuentran en el artículo 1101 del Código Civil, en el que se estipula que las partes involucradas en el contrato deben cumplir con el contenido pactado en el contrato. Además, el Código establece que no existe responsabilidad por conductas fraudulentas, dolosas o maliciosas sujetas a su cumplimiento.
Para que se genere responsabilidad civil contractual se deben cumplir ciertos elementos, como por ejemplo, la presencia de un contrato que debe ser válido, es decir, no debe violar las leyes objetivas. Otra de las condiciones que debe darse es que la parte involucrada en el contrato debe ser responsable del daño y la otra parte la perjudicada.
El cumplimiento se presenta en dos formas básicas; una voluntaria que es la parte obligada por el contrato que cumple efectivamente la obligación expresada sin coacción y la otra por ejecución que en caso de incumplimiento, se actúa dando lugar a una obligación que debe ser cumplida.
El incumplimiento puede ser causado por una o ambas partes involucradas en la relación contractual.
El Código Civil establece que se incumple una obligación contractual si se incumple lo suscrito o pactado por ambas partes, lo que puede ocurrir una negligencia o fraude. Todas estas situaciones dan lugar a consecuencias jurídicas de responsabilidad contractual.
El incumplimiento puede dar lugar a una serie de acciones encaminadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones y/o la reparación del daño o perjuicio causado:
El Código de Procedimiento Civil establece el plazo de prescripción de la responsabilidad contractual. Este plazo se ha modificado con las reformas que se llevaron a cabo en el año 2015 para simplificar el proceso y promover la Ley de la Segunda Oportunidad. Antes, el plazo de prescripción era de 15 años, ahora son 5 años. Los profesionales están obligados por contrato a alquilar servicios o trabajar por un precio. Las obligaciones difieren de un contrato a otro, lo que puede afectar el momento de un reclamo por incumplimiento.
Un profesional se compromete a realizar un trabajo específico a cambio de una tarifa. En este caso, las obligaciones son consecuenciales, por lo que se asume la obligación contractual del deudor y el acreedor no tiene que probar la culpa. El profesional se compromete a prestar servicios, pero su compromiso no promete resultados. En la práctica, el acreedor debe probar la culpa para afectar las obligaciones contractuales del deudor.
La diferencia esencial es que en la responsabilidad extracontractual no existe el contrato como única conexión entre las partes. Hay obligación de indemnizar, pero no hay documentos. Además, existen otros factores que inciden en el surgimiento de una disputa, como la relación de las partes antes de la firma del contrato, entre otras.