En nuestro Estado, desde el año 2000, ha proliferado una nueva generación de Autopistas de peaje, los ejemplos más claros son los de las denominadas “Radiales de Madrid”, licitadas sobre la base de unas previsiones de tráfico que a día de hoy, no se han cumplido. Ciertamente, en esos años, España optó por impulsar la inversión en infraestructuras públicas por las ventajas que ello reportaría para la competitividad de la nación. El instrumento jurídico empleado fue el contrato de Concesión de Obra Pública y la normativa aplicable la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
Con la llegada de la crisis en el año 2008 se han producido efectos devastadores para las empresas concesionarias de Autopistas, debiendo muchas de ellas declararse en Concurso de Acreedores. Era impensable hace unos años que las empresas concesionarias de obras públicas pudieran acogerse a la Legislación Concursal; y el problema es que en esos Concursos hay grandes pasivos.
La dificultad subyace cuando los expropiados para la construcción de estas autopistas se han visto privados de sus terrenos por el procedimiento de urgencia (primero ocupo y luego pago), transcurriendo los años y no obtienen la correspondiente indemnización por la Administración expropiante.
Los tribunales españoles no han sido ajenos a ésta problemática y han intentado dar una solución al conflicto. Nuestro Alto Tribunal dictó la Sentencia de 17 de diciembre de 2013, sala de lo contencioso-administrativo, sección 6ª, recurso núm. 1623/2013; confirmando las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, dando la razón a los expropiados, declarando que el Estado es el responsable subsidiario del pago del justiprecio en el caso de que la concesionaria/beneficiaria no pague, sea cual fuere el motivo y debe indemnizar a los expropiados.
En la actualidad hay una gran batalla política y el debate sigue abierto con un sinfín de agentes en conflicto. Con dos Ministerios enfrentados y sin consenso, como son el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda para buscar la mejor solución referente al pago, con las empresas concesionarias en situación concursal, con los acreedores que hay que renegociar (la mayoría banca extranjera y nacional) que además utilizaron la RPA (Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas) como garantía para financiar la construcción de la Autopista, con los expropiados sin recibir el dinero, etc.
La última propuesta del Gobierno era la creación de una nueva Empresa Nacional de Autopistas, no sin antes aplicar una quita del 50% sobre la deuda y ofrecer bonos a 30 años con un 1 % de interés, ofrecimiento que la banca no está dispuesta a aceptar.
Todo esto ha supuesto una imagen muy negativa de inseguridad jurídica que España ha proyectado hacia Europa y al exterior. No se sabe cómo cuantificar la RPA, no se sabe cómo poder resolver el reequilibrio económico de estas concesiones. Además algunos justiprecios a día de hoy todavía están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
En la última batería de reformas del Gobierno, dentro del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, han introducido una modificación para afrontar el pago de la indemnización; consistente que en caso de anulación del contrato de concesión venga motivado por “causas imputables” a la concesionaria, es decir, que la empresa caiga en insolvencia o en concurso de acreedores, el Estado sólo afrontará la compensación por el valor de mercado que presente la infraestructura en el momento del rescate y no por las inversiones realizadas en su construcción. Aunque esta modificación, si fuera adelante la reforma, no tiene efectos retroactivos.
A día de hoy seguimos esperando una solución que garantice la seguridad jurídica a todas las partes que han intervenido y que pueda resolverse este conflicto.
Daniel Calabuig. Abogado. Departamento de Derecho Público y Regulatorio.
Fuente: Blog Olleros Abogados - http://blog.ollerosabogados.com/autopistas-el-gobierno-expropia-la-concesionaria-gestiona-y-mi-quien-paga/
