El 15 de enero de 2020, la Comisión Europea publicó su estrategia para la implantación de tecnología blockchain en la Unión Europea. La estrategia presentada tiene como objetivo situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo en innovación e implantación de esta tecnología. Como hemos analizado anteriormente en este blog, esta tecnología está teniendo una repercusión cada vez mayor en sectores muy diversos (como en el sector del lujo, del arte, o de las cadenas de producción). Por ello, esta estrategia también ha sido precedida por grandes esfuerzos en los diferentes Estados miembros por entender y clarificar algunos aspectos jurídicos relacionados con la tecnología blockchain (por ejemplo en Francia, con las precisiones de la CNIL sobre sus implicaciones en materia de protección de datos; o en España, con el informe de la AEPD sobre la utilización de técnicas criptográficas para la pseudonimización o anonimización de datos personales).
La estrategia se propone principalmente: (i) fomentar la cooperación y la inversión en proyectos europeos que utilicen y desarrollen tecnología blockchain; (ii) profundizar en la gobernanza de blockchain, como tecnología de registro distribuido, para prestar servicios públicos seguros; y (iii) crear un marco regulatorio y unos estándares que creen seguridad jurídica y permitan la interoperabilidad de las diferentes redas blockchain.
La estrategia, además de asentar los cimientos para el desarrollo de la tecnología, pone en contexto y sistematiza herramientas creadas hasta el momento a nivel europeo para su fomento y desarrollo, confirmando la continuidad de organismos creados con anterioridad y que se citarán a lo largo de la presente reseña.
La Unión Europea no puede ser un referente en la implementación de la tecnología blockchain sin proyectos punteros. Para facilitar y fomentar el desarrollo de proyectos que utilicen tecnología blockchain es necesario disponer de un ecosistema que permita intercambiar ideas e impresiones. Con este ánimo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo crearon en 2018 el Observatorio y Foro Blockchain de la Unión Europea. Desde entonces, el Observatorio ha centrado sus esfuerzos en crear un ecosistema que coopere en torno a proyectos blockchain, además de impulsar la investigación en torno a los retos y problemas más acuciantes propios de esta tecnología.
Asimismo, en abril de 2019, la Comisión Europea participó en la creación de la International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA). La función de INATBA es acercar esta tecnología a los sectores público y privado y facilitar que los reguladores puedan ser conscientes de los problemas de las empresas que desarrollan y utilizan soluciones blockchain.
La utilidad de la tecnología blockchain para hacer llegar de forma más eficiente y eficaz los servicios públicos a los ciudadanos es otra de las áreas en la que la Comisión Europea pretende ahondar. Ofrecer servicios públicos a través de esta tecnología requiere tener muy claro el sistema de gobierno y distribución de responsabilidades de la blockchain que se utilice para ello.
En este sentido, la European Blockchain Partnership(EBP) pretende unir a los diferentes Estados miembros, así como a Noruega y Liechtenstein, en la utilización de la tecnología blockchain para servicios públicos y para el beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. Como parte de esta misión, la EBP está desarrollando la European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), una red blockchain que permitirá prestar servicios públicos a lo largo de toda la Unión Europea de forma segura.
El primero de los proyectos para el que la Comisión Europea tiene pensado utilizar la EBSI es para el proceso y registro de licitaciones públicas. Así pues, en diciembre de 2019, la Comisión Europea realizó una consulta pública para conocer mejor la opinión de la sociedad sobre esta iniciativa. La consulta pública estará abierta hasta el 2 de marzo de 2020.
Otro de los grandes problemas en torno a la aplicación de la tecnología blockchain es la inseguridad jurídica. Las disruptivas premisas de distribución, descentralización y automatización sobre las que se asienta esta tecnología, sitúa algunos de sus aspectos en una cierta penumbra jurídica. La Comisión Europea identifica dos grandes ámbitos jurídicas en los que es necesario crear mayor seguridad jurídica: (i) los contratos inteligentes; y (ii) los activos digitales.
Contratos inteligentes
Una de las grandes áreas susceptibles de mejora es la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de la aplicación de contratos inteligentes (smart contracts). Dependiendo de la jurisdicción, existen dudas sobre su consideración como contratos o sobre si la normativa actual engloba los matices propios de su ejecución, que los distingue de la tradicional ejecución contractual. Así pues, algunos reguladores europeos empiezan a dibujar los límites de estas nuevas figuras, creando seguridad jurídica en su jurisdicción. En este sentido, la UK Jurisdiction Taskforce emitió en noviembre de 2019 un informe sobre la consideración de los activos digitales como propiedad y sobre la validez legal de los contratos inteligentes.
Activos digitales
El otro gran reto regulatorio es la clasificación jurídica de los activos digitales. Actualmente el debate se enmarca en la diferenciación entre: (a) los activos digitales sometidos a regulación financiera –aquellos que pueden ser considerados como dinero electrónico, y por lo tanto tienen que cumplir con la normativa de dinero electrónico–, y (b) aquellos que no entran en ninguna de las categorías anteriores, ya sean activos que representen bienes físicos o activos completamente digitales.
El último gran pilar de la estrategia blockchain de la Comisión Europea es el fomento de la creación de estándares que permitan la interoperabilidad de los activos digitales creados en las diferentes blockchain, así como la estandarización de criterios a la hora de calificar activos digitales. La Comisión Europea incide así en el impulso de estándares a través de las organizaciones internacionales existentes, tales como ISO, que cuenta con el grupo de trabajo TC 307 sobre blockchain y tecnologías de registro distribuido.
Pedro Méndez de Vigo
