En este artículo intentaremos dar luz a la manera casan los pronunciamientos mencionados y cuáles son los puntos de colisión entre los mismos en relación a la eventual nulidad de la cláusula que establece el IRPH de Cajas de Ahorro en un contrato de préstamo hipotecario. Para ello, nos basaremos en la Sentencia más reciente –la de la Audiencia Provincial de Barcelona- e iremos realizando comentarios acerca de los pronunciamientos hallados en ésta a la luz de la doctrina asentada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en la Sentencia de 3 de marzo de este año.
A lo largo de esta serie de artículos, daremos luz a la manera en que casan los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Audiencia Provincial de Barcelona al respecto de la cláusula que establece el IRPH de Cajas de Ahorro en un contrato de préstamo hipotecario. Veremos cuáles son los puntos de colisión entre los mismos en relación con la eventual nulidad de dicha cláusula.
Para ello, basándonos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona —la más reciente de ambas—, iremos realizando comentarios acerca de los pronunciamientos hallados en ésta a la luz de la doctrina asentada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 3 de marzo de este año.
De entrada, hay que aclarar un concepto capital. El doble control de transparencia deja claros dos aspectos:
Pese a las manifestaciones de la AP de Barcelona en que afirma haber seguido la doctrina de la Sentencia del TJUE, el fallo de esta ha sido totalmente distinto al emitido por el órgano europeo.
Debemos recordar que el TJUE estableció que:
En primer lugar, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona empieza afirmando que su pronunciamiento —repetido ya en la SAP de Barcelona núm. 130/2018 de 27 de febrero— casa perfectamente con lo establecido por el TJUE en su sentencia de 3 de marzo.
Seguidamente, hace la consideración de que el IRPH no es una Condición General de la Contratación (en adelante, CGC) sino que se trata de un índice definido y regulado por disposición legal.
Por tanto, a juicio de la Audiencia Provincial, lo que se puede someter a control no es el índice IRPH —en lo relativo a su contenido y forma de calcularlo— sino el modo en que el mismo se incorpora al contrato o, dicho en otras palabras, la información que recibe el prestatario y que le lleva a contratar. Por ende, la opinión de este órgano es que el IRPH no puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 13/93. Debe decirse que ello no contradice las conclusiones del TJUE. El IRPH como índice no es susceptible de control judicial.
En resumen, lo que nos viene a decir la Sentencia de la AP como primera conclusión es que el modo en que se configura el índice no es susceptible de control jurisdiccional. Ello ya lo había manifestado el TS en 2017 y el TJUE en la Sentencia.
Como ves, la doctrina que establecen las diferentes sentencias y directivas va abocando luz sobre este tema que, principalmente en los medios no especializados, ha provocado cierta controversia.
En próximas publicaciones continuaremos desgranando la sentencia de la APB y su relación con lo dictado por el TJUE.
