Togas.biz

Gobierno catalán aprobó ayer un decreto ley con el que prevé forzar a los propietarios de establecimientos que albergan bares y restaurantes, comercios, hoteles o gimnasios a que rebajen hasta un 50% el precio del alquiler para compensar la caída de ingresos forzada por las medidas para frenar la expansión del coronavirus. El objetivo es forzar un pacto previo entre arrendadores e inquilinos, pero la medida amenaza con topar con la justicia.

La iniciativa es un intento de congraciarse con el sector de la restauración después de que este clamara la semana pasada contra la decisión de cerrar bares y restaurantes ante la acelerada propagación de la covid- 19 en Cataluña. En esa lógica respondió el Gremio de Restauradores de Barcelona, al calificar de “histórica” una medida que entienden que asume una reivindicación mantenida desde que en marzo pasado la pandemia impactó en sus negocios: el necesario reparto de las pérdidas en un intento de salvar unos negocios aquejados por la falta de ingresos

La Generalitat ha intentado reaccionar rápido a través de un decreto ley salido del Departamento de Justicia y que incluye otras actividades de servicios que han sufrido en sus carnes las restricciones propias de las medidas de distanciamiento social. Se planteó inicialmente modificar el Código Civil catalán para introducir la cláusula rebus sic stantibus, que permite introducir medidas de flexibilidad en contratos a causa de condiciones extraordinarias coyunturales. Pero en vez de eso, que comportaría un proceso de elaboración más prolongado que prevé afrontar a un año vista —las elecciones autonómicas se celebrarán el 14 de febrero—, el Ejecutivo ha optado por un decreto en el que fuerza a los propietarios a rebajar el precio del alquiler hasta el 50% a aquellos negocios que han sido obligados al cierre.

La norma establece porcentajes inferiores en función de dos tipos de afectaciones: la reducción del horario de apertura (un caso para los comercios de 24 horas, por ejemplo, que tienen la orden de cerrar entre las diez de la noche y las siete de la mañana) o aquellos negocios que han tenido que reducir el aforo para asegurar las distancias de seguridad.

El Govern no descarta habilitar ayudas a pequeños propietarios afectados por esa caída de ingresos. La automatización de esos descuentos en los contratos se produciría después de que arrendador e inquilino intenten negociar una rebaja de la renta y en un periodo de un mes no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. Quedaría, igualmente, la posibilidad de acudir a la vía judicial, que la Generalitat defiende no explotar ante el riesgo de colapsar más los juzgados.

Ese objetivo, sin embargo, podría quedarse en nada y convertirse en un bumerán que, igualmente, podría acabar ante un juez. “Todo lo que sea para ayudar al comerciante bienvenido sea, pero se puede entender que con esta medida se está confiscando un derecho”, advertía Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación de Fieldfisher Jausas, dejando claro la posibilidad de demandas. “Estamos muy preocupados porque la regulación que se está dictando en Cataluña no está respetando los más mínimos principios de seguridad jurídica de los contratos ya existentes, que está suponiendo un exceso de regulación del secto del alquiler cuyas consecuencias previsiblemente sean las contrarias de las perseguidas”, afirmó un portavoz de Asipa, la patronal de compañías patrimonialistas que los alquilan.

Jordi Ruiz de Villa