Con la crisis del COVID-19 causando estragos en la economía de todos los Estados miembros, el apoyo financiero estatal es fundamental.
La Comisión parece haber aprendido lecciones de la crisis de 2008, y está atajando de manera rápida y directa tanto las peticiones de autorización de ayudas de los Estados miembros como las necesidades de orientación y normativas que Estados y empresas presentan.
Así, en el último mes se han autorizado decenas de propuestas de apoyo estatal bajo el amparo de un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal en el contexto del actual brote de COVID-19, adoptado en su versión inicial el 19 de marzo, y para el que recientemente se ha publicado una nueva modificación, que amplía aún más su alcance y permite a los Estados miembros facilitar a las empresas que lo necesiten deuda subordinada y recapitalizaciones (si bien se imponen condiciones, relacionadas con la prohibición del reparto de dividendos y de recompra de acciones, o de adquisición de participaciones superiores al 10% de empresas competidoras, entre otras cuestiones). Este marco temporal ha flexibilizado las normas de apoyo estatal y ha permitido la concesión de ayudas por valor de cientos de miles de millones de euros. Estas ayudasse han manifestado en subvenciones directas, subsidios salariales, regímenes de garantías y bonificaciones de tipos de interés o capital, entre otras medidas.
Sin embargo, algunas voces ponen en duda que esta rapidez de actuación y las medidas adoptadas hasta la fecha sean positivas para los Estados miembros individualmente y para el conjunto del proyecto europeo a medio y largo plazo.
Así, mientras los estados del norte de la UE, como Alemania y Austria, abogan por una mayor laxitud e incluso suspensión de la normativa de ayudas de Estado en tanto dure esta situación (aunque la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, ha rechazado esta posibilidad), en aras a proporcionar una mayor libertad y más rápida capacidad de reacción a los gobiernos sin tener que esperar a la autorización de Bruselas, los estados del sur, generalmente más proclives a una menor armonización normativa a nivel europeo, temen ahora no contar con el mismo margen de maniobra y recursos que sus vecinos para apoyar a sus propias empresas, y abogan por medidas a nivel de la Unión.
En esta línea, la vicepresidenta del gobierno español, Nadia Calviño, afirmó recientemente que “no puede ser que algunos países puedan apoyar sus economías de una manera más generosa que otros”.
Según datos de la Comisión Europea que han sido publicados por Bloomberg, Alemania representa el 51% de toda la ayuda aprobada hasta ahora, en comparación con Francia (17%) o Italia (15,5%), y seguida de lejos por Reino Unido (4%), Bélgica (3%) y Polonia (2,5%).
El evidente y elevado contraste en la cantidad de ayudas que se están otorgando debido a las diferencias en las capacidades de rescate de cada Estado miembro amenaza, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen,el equilibrio de la economía de la Unión, y corre el riesgo de afianzar las disparidades económicas nacionales ya existentes retrasando la recuperación, como ha enfatizado la Comisaria Vestager. Aunque algunos sectores como el de las aerolíneas y el turístico están sufriendo de manera más directa las consecuencias de la crisis en todos los países de la Unión, como ha dejado en claro Ryanair y como relatamos en este blog, no todas las empresas están recibiendo apoyo estatal, o no en la misma medida.
Esto acarrea, en palabras de Massimo Motta (profesor de economía en la Universitat Pompeu Fabra y la Barcelona Graduate School of Economics y antiguo economista jefe de la Comisión Europea) y Martin Peitz (profesor de economía en la Universidad de Mannheim), que una empresa que recibe una financiación generosa de su país de origen se vuelva “artificialmente más competitiva”, en detrimento de otras empresas rivales en otros Estados miembros, igualmente o más eficientes, que pueden ser “relegadas a nichos de mercado, o incluso obligadas a cerrar” (sus reflexiones sobre esta situación pueden consultarse aquí). Por otra parte, el efecto de la ayuda es que la eliminación de estas empresas que no recibieran apoyo estatal no sería necesariamente en favor de empresas más eficientes.
Por este motivo, a menos que los fondos europeos puedan utilizarse para cubrir el déficit de gasto dada la heterogeneidad de las medidas de ayuda otorgadas por cada Estado miembro, parece difícil evitar una distorsión de la competencia en el mercado interior, que es, al fin y al cabo, el objetivo primordial de la normativa de ayudas de Estado.
En consecuencia, los dirigentes de la UE convinieron el pasado 23 de abril en trabajar en la creación de un fondo de recuperación enfocado a la gestión de la crisis, dirigido a los sectores y zonas geográficas de Europa más afectadas. No obstante, los gobiernos nacionales discrepan también en cuanto a la cantidad de apoyo que debe prestarse y a través de qué medios. La Comisión Europea presentó, el pasado 27 de mayo, su propuesta de plan exhaustivo de recuperación, que busca “preparar el futuro para la próxima generación” con un presupuesto de 750.000 millones de euros. La propuesta será objeto de seguro un intenso debate.
Del mismo modo, en un momento en el que crece el interés por emplear el derecho de la competencia como mecanismo para alcanzar objetivos de política social y medioambiental, algunos Estados miembros han aprovechado el lanzamiento de los paquetes de ayudas para imponer otro tipo de condiciones (como por ejemplo las conocidas como “condiciones verdes” o “green conditions”) a las empresas beneficiarias. En este sentido, la última modificación del Marco Temporal de ayudas estatales de la Comisión que hemos mencionado ya incluye como medida de transparencia la obligación para las grandes empresas de informar sobre el uso de la ayuda recibida y el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con la transformación ecológica y digital.
Así, por ejemplo, el gobierno francés ha exigido como contrapartida a las ayudas otorgadas a Air France que para el año 2024 reduzca a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono para los vuelos nacionales, renueve su flota con aviones más limpios y reduzca los vuelos nacionales de duración inferior a dos horas y media para los que exista una alternativa ferroviaria.
No obstante, las diferentes condiciones impuestas por los gobiernos de los Estados miembros pueden generar también riesgos de distorsiones en el mercado interior, si unas empresas se ven obligadas a hacer frente a compromisos medioambientales o de otro tipo exigentes y sus competidores en otros países no, como ha puesto de manifiesto recientemente el ministro de energía de Luxemburgo en una conferencia.
Con todo, parece evidente que es necesario, como defendió la presidenta Von der Leyen, proporcionar una respuesta colectiva y a prueba de futuro para garantizar la integridad y la cohesión del mercado interior y del proyecto europeo ante la crisis del coronavirus. Sin embargo, la multitud de intereses en juego en la Unión dificulta la puesta en práctica de esta respuesta común, y puede poner en riesgo este objetivo.
Marta Simón y Alexandre Picón
