Hoy Día de la Constitución vamos a hablar de los Derechos y deberes fundamentales recogidos en la misma. La Constitución del 78 es nuestra norma suprema. Los Estados articulan su marco entorno a una Constitución. En ella se establecen los mencionados derechos y deberes fundamentales. Nuestra Constitución los recoge en su Título Primero. Pero también la Constitución recoge cómo se organizan los poderes del Estado. La nuestra organiza los tres poderes clásicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Establece la misma los diferentes órganos en los que esos poderes descansan. La organización de los diferentes Tribunales, las Cortes Generales, o la forma del Gobierno.
Es necesario recordar el contexto de nuestra Constitución. La idea que guió a sus «padres» con mayor o menor acierto visto con la perspectiva de cuarenta y un años. Pongamos en valor que esa perspectiva era imposible ni de imaginar someramente en ese año. El día cuatro de enero de 1977 se aprueba la Ley para la Reforma Política. Desde el propio régimen se aprueba una ruptura no violenta con la dictadura. Se establece un mecanismo para desbloquear el sistema de Leyes Fundamentales. Sin esta Ley y su aprobación el cambio político como lo hemos vivido no hubiera sido posible.
En el mes de Agosto de 1977 se elige la llamada Comisión Constitucional. Tenía la misma un objetivo claro, la redacción de un proyecto de constitución. Un poco de historia, la primera vez que el Congreso de los Diputados nombra una Comisión Constitucional fue en el año 1810, en las Cortes de Cádiz. La que nos ocupa llevo su proyecto al Congreso en verano de 1978 donde fue aprobada. Pasó al senado donde en otoño de ese mismo año es aprobada. Dándose la circunstancia de que los textos aprobados en amabas cámaras eran diferentes. Por lo que se crea una comisión mixta Congreso-Senado para pulir el proyecto y presentar uno solo a ambas cámaras. Se logra el objetivo y el proyecto es aprobado por una mayoría abrumadora en ambas cámaras. El seis de diciembre de 1978 se somete la Constitución a referéndum siendo aprobada por mayoría. El 29 de diciembre consiguiente entró en vigor la Constitución del 78.
Como ya hemos dicho se encuentran en el Título Primero de nuestra carta magna. Desde el Artículo 14 se marca la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos. Los derechos fundamentales y libertades publicas se recogen en la Sección 1ª. En la Sección 2ª se recogen los derechos y deberes de los ciudadanos. Los derechos fundamentales se clasifican en:
Aquí se encuentran todos aquellos que nos son inherentes por nuestra condición de ser humano. Desde el derecho a la vida pasando por el derecho a nuestra integridad física y moral. Por supuesto el derecho a tener una ideología así como abrazarse a una religión. Derecho a disfrutar de nuestra libertad y al tiempo de velar por nuestra seguridad. Derecho a nuestra propia privacidad, defensa de nuestro honor, intimidad, imagen, la inviolabilidad de nuestro domicilio y el secreto de nuestras comunicaciones. Y por supuesto la libertad de movimientos, circulación y residencia.
Todos los ciudadanos tenemos reconocidos nuestro derecho a la participación, como miembros de una comunidad. Derecho a la libertad de expresión. A la creación artística, a la científica, muy ligada a ésta la libertad de cátedra. Derecho a poder comunicar y al tiempo a recibir informaciones veraces. A la libertad de enseñanza, derecho de reunión y asociación. A la participación política y al derecho de petición.
Estos derechos conllevan que el Estado cree y mantenga una estructura suficiente para garantizarlos. El derecho a obtener una tutela efectiva de los Tribunales y Jueces. Por medio de los fallos de los mismos y la ejecución de las sentencias que de ellos emanan. Y por supuesto totalmente necesario de garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos.
Que en la Constitución aparezcan estos derechos es necesario para determinar el modelo económico y social del Estado. Así las cosas se nos reconoce el derecho a pertenecer a un sindicato. El derecho al trabajo, al tiempo a la negociación colectiva y por supuesto el derecho a huelga. Derecho a adoptar medidas en conflictos colectivos. La libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada.
En el apartado de los deberes de los ciudadanos es de pura lógica que al estar al cobijo de la Constitución existen contra-prestaciones por nuestros derechos reconocidos. Esto es que debemos a nuestro propio Estado una serie de deberes. Se entiende perfectamente que existen cuestiones por las que nuestros Derechos fundamentales pueden verse suspendidos. Estados de excepción o de sitio según lo previsto en la Constitución. Al tiempo dentro de ese marco pueden existir Leyes Orgánicas que marquen los casos y la forma, siempre con tutela judicial, de como suspender esos derechos a personas determinadas.
La Constitución entiende como deberes de los ciudadanos el de tributo y el de defensa del país. Bien, en cuanto al segundo que se reconoce al tiempo como derecho y deber, queda algo difuso pues el servicio militar obligatorio del que habla, en el Artículo 30, ya no existe en nuestro país. En cambio siguen completamente vigentes otros deberes consignados en diferentes Artículos. Por ejemplo en cuanto al deber de Tributo, revisamos el Artículo 31:
Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Y llegamos al Artículo 35, en el que se reconoce el deber y derecho de los españoles a trabajar y al trabajo:
Artículo 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
