La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda firmaron ayer un protocolo de colaboración para la cesión de viviendas procedentes de herencias intestadas a las entidades sociales de la Mesa del Tercer Sector.
El compromiso que asume La Generalitat de Cataluña mediante este convenio se basa en el artículo 442-13 del Código Civil de Cataluña, que establece que “La Generalitat de Cataluña tiene que destinar los bienes heredados o su producto o valor en establecimientos de asistencia social o a instituciones de cultura, preferentemente del municipio de la última residencia habitual del causante en Cataluña. Si no hay en el dicho municipio, se tienen que destinar a los establecimientos o a las instituciones de la comarca o, si tampoco hay en la comarca, a los de carácter general a cargo de La Generalitat. Si en el caudal relicto (hereditario) hay fincas urbanas, La Generalitat de Cataluña las tiene que destinar preferentemente al cumplimiento de políticas de vivienda social, ya sea directamente ya sea reinvirtiendo el producto obtenido al alienarlas, según sus características”.
Con este acuerdo, se regulariza la vía prevista al artículo citado puesto que el Gobierno catalán destinará, de forma preferente, aquellas fincas urbanas que provienen de herencias intestadas (personas fallecidas sin testar y sin herederos) y sean aptas para programas sociales de vivienda, a cubrir necesidades de personas en riesgo de exclusión residencial atendidas por entidades del Tercer Sector Social.
Hasta ahora, La Generalitat vendía los inmuebles procedentes de herencias intestadas y el dinero que recibía de esta venta se destinaba a entidades sociales y culturales. A día de hoy, viendo la necesidad de disponer de viviendas, La Generalitat impulsa que las fincas urbanas que se hereden puedan destinarse directamente a cumplir políticas de vivienda social con las entidades del Tercer Sector.
A día de hoy, La Generalitat de Cataluña dispone de un número aproximado de 32 fincas urbanas provenientes de herencias intestadas en diferentes municipios que, en base a este convenio, podrán ser ahora cedidas a entidades sociales.
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