Tras la publicación en el DOUE de la versión definitiva de la DSA, en esta entrada resumimos las obligaciones aplicables a todos los prestadores
Tal y como anunciamos en esta entrada de blog, el pasado 27 de octubre se publicó el texto final del Reglamento de Servicios Digitales (“Digital Services Act” o “DSA” en inglés), que será plenamente aplicable a partir del 17 de febrero de 2024.
Es por ello que hemos preparado una serie de entradas de blog (siendo esta la primera), en las que vamos a analizar las nuevas obligaciones en ella impuestas a los distintos prestadores de servicio de intermediación en función de su naturaleza y tamaño. En particular, esta entrada detalla las obligaciones impuestas a todos los prestadores, independientemente de su tamaño y naturaleza.
- Puntos de contacto: deben designar un punto único de contacto que permita, tanto a autoridades competentes como a los destinatarios del servicio, ponerse en contacto con ellos. A tal fin, deben hacer pública la información de contacto en un lugar accesible y fácil de localizar.
- Representantes legales: aquellos que no tengan un establecimiento en la Unión pero que ofrezcan sus servicios en la UE deben designar una persona física o jurídica que actuará en calidad de representante legal. El representante legal será el destinatario de las comunicaciones recibidas por parte de autoridades competentes y podrá ser responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la DSA.
- Condiciones generales: las condiciones generales deben informar sobre cualquier restricción que impongan sobre el uso de su servicio respecto de la información proporcionada por los destinatarios, como por ejemplo las medidas y herramientas empleadas para moderar contenidos.
- Obligaciones de transparencia informativa de los prestadores de servicios intermediarios (no aplicable a microempresas y empresas pequeñas): deben publicar al menos anualmente informes claros y comprensibles sobre las actividades de moderación de contenidos realizadas y que incluya, por ejemplo, el número de órdenes recibidas por autoridades competentes o número de reclamaciones recibidas.
Ane Alonso
