El pasado 12 de enero se aprobó el Real Decreto 2/2018 en virtud del cual las entidades y clubes de fútbol que participen en el Campeonato Nacional de Liga deberán cumplir con una seria de obligaciones económicas en proporción a los ingresos que obtengan de la comercialización de los derechos audiovisuales.
En concreto, cada una de estas entidades o clubes deberá:
En relación con estas obligaciones, desde nuestra perspectiva laboral y de Seguridad Social, debemos llamar la atención sobre aquellas que persiguen (i) garantizar la protección social de los deportistas de alto nivel; (ii) la protección de los profesionales del fútbol femenino y aficionado y (iii) contribuir e incentivar el movimiento asociativo en el mundo del fútbol.
Así, en cuanto a la protección de social de los deportistas de alto nivel, cabe destacar que, según lo previsto en este nuevo Real Decreto, el Consejo de Superior de Deportes deberá destinar las aportaciones que realicen los clubes por la comercialización de los ingresos audiovisuales, a sufragar la totalidad o una parte de la cuota a la Seguridad Social que deban abonar los deportistas de alto nivel, tanto en el Régimen General, en el caso de mantener una relación laboral especial de deportista, como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, si desarrollan su actividad por cuenta propia o han firmado un convenio especial para deportistas de alto nivel.
En particular, podrán acceder a estas ayudas sociales quienes ostenten la condición de deportista de alto nivel, sin perjuicio de que quedarán excluidos aquellos deportistas de alto nivel que desarrollen su actividad en equipos inscritos en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en sus equipos dependientes o filiales de la especialidad de fútbol, así como aquellos cuyos ingresos vinculados a su actividad deportiva exceda del importe que anualmente establezca el Consejo Superior de Deportes.
Por lo que respecta a las contribuciones a la protección social en el fútbol femenino y aficionado, las ayudas que se obtengan de la comercialización de los derechos audiovisuales, serán destinadas por el Consejo Superior de Deportes a financiar el pago de las cuotas empresariales y de los trabajadores a la Seguridad Social, de los deportistas y técnicos contratados por cuenta ajena por entidades que participen en la Primera División de Fútbol Femenino y en la Segunda División B del Campeona Nacional de Liga. El destino de estas ayudas se realizará, en primer lugar y con carácter preferente, a los participantes en la citada Primera División de Fútbol Femenino y, una vez atendidos éstos, a los deportistas y técnicos de la Segunda División B.
Por último, en cuanto al fomento del movimiento asociativo, las cuantías que no resulten comprometidas por la protección del fútbol femenino y asociativo, podrán destinarse a conceder subvenciones a asociaciones o sindicatos de deportistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos, del mundo del fútbol, que cumplan con unos criterios mínimos de implantación y representación en cada colectivo.
En definitiva, con esta serie de medidas se pretende dotar de una mayor protección social a los deportistas de alto nivel en España, especialmente tras la finalización de sus carreras deportivas, así como apoyar y potenciar el fútbol femenino y aficionado, sin olvidar el papel de las diferentes asociaciones del mundo del fútbol.
Autor: Jaime Pavía
