El Brexit es y será una mala noticia, para Europa, para España y también para el Reino Unido, aunque la gravedad de sus efectos todavía no se haya dejado sentir con total intensidad. No obstante, representa también una oportunidad para España, en la medida en que relevantes instituciones europeas (como la Autoridad Bancaria Europea, EBA) y muy importantes entidades privadas se cuestionan su continuidad en el Reino Unido. En el caso de las instituciones europeas probablemente no habrá opción: si el Reino Unido finalmente abandona la UE, la continuidad de esas instituciones sería imposible. A partir de aquí, se abrirá una competencia entre grandes capitales europeas por atraerlas con la duda de si el ser ya la sede de relevantes instituciones financieras europeas (BCE, ESMA o EIOPA) juega a favor o en contra de alguno de los candidatos.
También debe singularizarse el caso de las infraestructuras de mercados en que se negocian instrumentos financieros denominados en euros. Su salida, aunque con más matices, parece igualmente probable. Otras entidades tomarán su decisión con mayor libertad. Hay un aspecto clave que aparece en todas las conversaciones con los candidatos a cambiar su sede londinense actual: el derecho británico, entendido no sólo como conjunto de normas, sino como un sistema jurídico de normas imperativas, códigos de conducta, guías interpretativas, pronunciamientos judiciales y contratos. Hablamos también de autoridades y reguladores, de despachos de abogados y de los Jueces y Tribunales encargados de aplicar todas esas normas. Se trata de un todo de funcionamiento armonizado y que ha resultado una pieza fundamental en el éxito de la City
La previsibilidad en la aplicación de las reglas juega un papel fundamental. No sólo se trata de lo que establecen las normas sino de lo que deciden los supervisores, jueces y Tribunales al aplicar tanto la regulación financiera como otras ramas relacionadas con ella, como el derechoconcursal y sus efectos sobre los contratos financieros. El derecho británico representa un activo fundamental para la industria financiera que tiene su sede en el Reino Unido y si España aspira a atraerla deberá librar “la batalla por el derecho” para que nuestro ordenamiento cumpla con los estándares de confianza y previsibilidad a que está acostumbrada. El nombramiento del nuevo Presidente de la CNMV ha constituido un gran acierto en este sentido. Nadie más adecuado para entender la importancia de todo lo dicho.
Si queremos que el Brexit sea una gran oportunidad para España, como es la intención declarada y compartida por Economía y la CNMV, y al margen de cuestiones como el régimen fiscal o laboral, el derecho es un área fundamental y en ese ámbito tenemos muchas más oportunidades de lo que pueda parecer.
Francisco Uría, socio principal de KPMG Abogados y responsable del Sector Financiero.
