La situación de los últimos meses ha supuesto que la digitalización se consolide como la principal forma en la que socialicemos, trabajemos o estudiemos. El aumento de las relaciones en el entorno digital es una tendencia que, sin duda, ha venido para quedarse. En este contexto, el Gobierno ha considerado necesario desarrollar y completar la regulación relativa a los derechos en el entorno online, por lo que ha iniciado el proceso de elaboración de una Carta de Derechos Digitales.
El Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, vigente desde diciembre de 2018, ya contempla una serie de derechos en el entorno digital. La futura Carta de Derechos Digitales no solo pretende desarrollar la regulación aplicable a estos derechos, sino también ampliar el catálogo de derechos, con especial atención a los colectivos vulnerables, a las nuevas relaciones laborales o al impacto de la inteligencia artificial.
A tal fin, el Gobierno anunció que el proceso de elaboración de la Carta de Derechos Digitales contará con la participación del conjunto de la sociedad civil, incluyendo la opinión de expertos y la del conjunto de la ciudadanía.
Así, el pasado 15 de junio se reunió por primera vez un grupo de trabajo compuesto por expertos, que se ocupan de asesorar y plantear propuestas al Gobierno. Este grupo está compuesto por profesionales del ámbito digital, desde abogados hasta catedráticos pasando por directores de las principales asociaciones interesadas que, desde su experiencia, propondrán al Gobierno las alternativas y recomendaciones que estimen oportunas.
Además, el Gobierno ha iniciado un proceso de consulta pública, en virtud del cual se invita a la participación de toda la ciudadanía, y cuyas aportaciones se tendrán en cuenta en la redacción final del texto de la Carta de Derechos Digitales. El proceso de participación estará abierto hasta el próximo 24 de julio, y en principio, se ha anunciado que el texto final se someterá también a consulta pública.
A través de este proceso, que por primera vez se implementa a nivel nacional, el Gobierno pretende completar el marco normativo de los derechos digitales mediante la la colaboración y participación activa de todos los sectores y colectivos interesados y afectados por la Carta de Derechos Digitales.
Ane Alonso Asociada
Inés Cabañas Prácticas
