Los objetivos declarados de este decreto son: en primer lugar, preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha del brexit. Y, en segundo lugar, preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España ante el brexit.
Este instrumento normativo parte del principio de reciprocidad. Entrará en vigor el día que los tratados de la UE dejen de aplicarse al Reino Unido, pero su aplicación podrá suspenderse transcurridos dos meses si las autoridades británicas no conceden un tratamiento recíproco.
En lo referente a derechos de ciudadanos, el Real Decreto-ley se aplicará a los nacionales de Reino Unido y a los miembros de su familia, que residan en España antes de la fecha de retirada. Se regula la situación de trabajadores transfronterizos, profesionales y funcionarios públicos, trabajadores desplazados temporalmente, y comités de empresa europeos.
Como punto a de especial interés para nuestros clientes, observamos que los certificados de registro y tarjetas de familiares de ciudadanos de la UE mantendrán su validez durante un plazo de 21 meses tras la fecha de retirada. Antes de que hayan transcurrido esos 21 meses, deberán solicitar la documentación correspondiente a su nueva situación como residentes extranjeros en España.
El Real Decreto-ley adopta medidas para garantizar los períodos cotizados por nacionales españoles en Reino Unido y viceversa, así como los pagos de pensiones correspondientes. También garantiza el acceso a la asistencia sanitaria en España con cargo a las entidades británicas, así como el acceso a la universidad en España para alumnos procedentes de sistemas educativos de Reino Unido o Gibraltar hasta el curso 2020-2021.
Los capítulos IV y V del Real Decreto-ley regulan cuestiones en materia de actividades económicas y transporte. Finalmente, las Disposiciones Adicionales regulan una variedad de cuestiones concretas como puede ser las solicitudes de homologación de títulos obtenidos en Reino Unido o la aplicación de las medidas en materia de transporte a Gibraltar.
