El tema de las cláusulas suelo continúa presente en el día a día, comenzamos la semana con la noticia que hace referencia al primer caso resuelto en el Juzgado especializado en las materias relativas a contratos de financiación con garantía real inmobiliaria de Barcelona. En contra a nuestro pronóstico, al de la Abogacía en términos generales –y a lo citado en el artículo: Demora en la resolución de las demandas referentes a las cláusulas abusivas- el Juzgado especializado de nuestro partido judicial no ha celebrado juicio, al alcanzar un acuerdo con la entidad financiera que ha consentido en retirar el tope hipotecario del 3% al cliente evitando así, la celebración del juicio.
En esta ocasión, la entidad financiera es el Banc Sabadell que, en la primera sentencia dictada en Barcelona por el juzgado especializado (Juzgado de Primera Instancia número 50 ha procedido a anular la cláusula suelo tal y como solicitaba la actora. Además de que, en consecuencia, se procederá a la devolución de las cuantías indebidamente abonadas por la sumisión a la cláusula abusiva.
En este sentido el juzgado exhorta al banco a devolver al demandante los intereses correspondientes, las cantidades que cobró incorrectamente por la aplicación de la cláusula suelo y a recalcular los cuadros de amortización de crédito hipotecario.
El juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona asumió las demandas por cláusulas suelo, de acuerdo con el plan de refuerzo que aprobó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que falló a favor de la retroactividad de esas condiciones abusivas en las hipotecas.
Desde Viola Pérez nuestra opinión al respecto es clara y unánime: el consumidor requiere protección. El CGPJ ha causado un grave perjuicio a los afectados al tener que desplazarse al partido judicial donde esté el Juzgado especializado. Todo ello agravando, aún más, la situación de desigualdad entre consumidor y profesional que, al no tener tantos recursos económicos, encontrarán una barrera de acceso a la justicia.
De acuerdo a la definición del diccionario jurídico, en un préstamo hipotecario es una cláusula donde se está indicando cual va ser el porcentaje mínimo de interés que se aplicará a las cuotas que el prestatario tenga que pagar, dicho de otra forma es la cuantía mínima que el banco va a cobrar por prestar ese dinero.
Gerali Rodríguez y Cristina López
