Los negociadores del Parlamento y el Consejo habían alcanzado un consenso sobre la DSA en la fase de trílogos, que finalmente ha sido rechazado
El pasado viernes, 10 de junio, varios medios se hicieron eco del rechazo por parte de la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo de la versión del Reglamento Digital Services Act (Ley de Servicios Digitales o DSA por sus siglas en inglés) que había sido acordada con el Consejo en el proceso de “trílogos”. Esto ha supuesto un conflicto interinstitucional entre los dos co-legisladores. Los principales puntos que han motivado el rechazo del Parlamento son dos, ambos introducidos en su momento por el Consejo, cuya presidencia ostenta Francia hasta el próximo 30 de junio. Se trata, por un lado, de la novedad introducida en el considerando 28, que reconoce que la legislación europea o la nacional pueden obligar a las plataformas a realizar un seguimiento específico de los contenidos manifiestamente ilícitos, lo que muchos eurodiputados consideran contrario al principio de ausencia de obligaciones generales de supervisión. El otro punto se refiere al inciso añadido en el considerando 29 a petición de Malta (donde se encuentran establecidas la mayoría de las casas de apuestas y juego en Europa), que introduce una excepción aplicable a las órdenes de retirada transfronteriza de contenidos ilegales a favor de los sitios web de juegos de azar en línea.
Y ahora… ¿qué?
Las alternativas tras este rechazo son varias. La Presidencia francesa podría modificar los considerandos, como han pedido los eurodiputados, o seguir adelante y pedir al Comité de Representantes Permanentes (“COREPER”) que adopte el texto tal cual.
Por su parte, el Parlamento Europeo podría adoptar la versión del texto sin los considerandos conflictivos introducidos por el Consejo. Si cada institución adopta una versión distinta, sin llegar a un acuerdo, se daría por concluida la fase de primera lectura y habría que repetir el proceso en ambas instituciones. En esta segunda lectura, el Parlamento necesitaría obtener una mayoría de dos tercios para poder anular la posición del Consejo. Desde el punto de vista de los plazos, esta vía retrasaría la adopción del Reglamento en unos seis meses.
Finalmente, la Presidencia francesa podría adoptar una postura pasiva hasta que el gobierno checo asuma la presidencia del Consejo el próximo 1 de julio, e impulsar desde esa posición sus argumentos.
Sea cual sea el devenir de la propuesta del Reglamento, la polémica institucional en la Unión Europea está servida.
Ane Alonso
