Nuestro país se encuentra en un momento histórico que marcará su devenir en las próximas décadas. Con ocasión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, se propiciará una lluvia de millones en ayudas que se van a destinar en gran parte al “Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana” recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado el pasado 29 de abril y remitido a la Comisión Europea. A estas ayudas procedentes del instrumento Next Generation EU, se unen otros programas de subvenciones ya en curso como el Programa PREE (ayudas para la rehabilitación energética de edificios destinadas a mejoras en la envolvente térmica, y en las instalaciones térmicas, sustitución de energía convencional por renovables y la instalación de iluminación eficiente) y el Programa Moves II (programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible e implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos).
Laura Álvarez Crespo, del Área Técnica Inmobiliaria de PwC señala que: “Se abre una oportunidad excepcional de renovación de activos inmobiliarios, por el ahorro que suponen las ayudas en el coste de realización de las obras de mejora de la eficiencia energética y los menores costes operativos por la reducción de los consumos tras la actualización, ya que este sector es el destinatario de uno de los mayores paquetes de ayudas”. Sin embargo, este sector también constituye uno de los de mayor complejidad regulatoria y fiscal. Para cualquier actuación, se han de controlar simultáneamente distintos universos normativos (urbanístico, inmobiliario, regulatorio -en particular, en materia de energía-, técnico, tributario, etc.) y, dentro de cada universo, encontramos interlocutores en distintas Administraciones (local, autonómica, estatal) y organismos públicos.
Al respecto, añade Laura Álvarez: “podemos encontrarnos con que, para afrontar una sencilla obra de rehabilitación y mejora energética de un inmueble y aprovechar a su vez una subvención o ayuda, su solicitante tendrá que afrontar complejos trámites ante distintas áreas de distintas Administraciones. Si a ello le sumamos que los principales destinatarios de las ayudas son las personas físicas y las comunidades de propietarios (con la complejidad que se genera, sobre todo estas últimas, a la hora de adoptar una decisión sobre una inversión), pueden llevarnos a una sonrojante falta de aprovechamiento de los fondos y ayudas disponibles”.
Es hora de que nos pongamos todos a remar en la misma dirección, tanto las Administraciones como los administrados.
Desde el punto de vista de las Administraciones, son tres las tareas esenciales:
Desde el punto de vista de los beneficiarios, esto afecta no sólo a particulares y comunidades de vecinos, sino a todo tipo de empresas, inversores y sectores: desde grandes corporaciones del sector inmobiliario, family office, industriales o pymes; basta contar con inmuebles para verse afectados. Por todo ello, se impone la necesidad de contar con equipos solventes que gestionen de manera integral la totalidad del proceso de inversión y rehabilitación abarcando tanto los aspectos técnicos del proyecto, como los regulatorios, los financieros y los fiscales.
El tren de los fondos para la mejora de la eficiencia energética de las construcciones ha hecho parada en España, es hora de correr si no queremos perderlo.
Artículo publicado originalmente en Expansión el día 18 de mayo de 2021.
Artículo de Periscopio Fiscal & Legal
Abogada del Departamento de Regulatorio de PwC Tax & Legal Services
Abogado del sector Inmobiliario en PwC Tax & Legal