Si tenemos que elegir un sector llamado a transformarse como consecuencia de la creciente digitalización, uno de los más evidentes sería el de la automoción. En efecto, desde hace ya algunos años, el sector automovilístico se encuentra inmerso en un complejo proceso de transición y expansión dirigido hacia la adopción de nuevos modelos de negocio más seguros, sostenibles, colaborativos y competitivos, acordes con la evolución del entorno, la tecnología, las preferencias y los hábitos de consumo. Toda esta transformación conlleva numerosos retos desde diversas perspectivas, siendo especialmente relevantes los relacionados con aspectos de la propiedad intelectual e industrial de los activos.
De hecho, la transformación digital ha derivado además hacia la identificación de una nueva fuente de recursos de valor difícilmente calculable y aparentemente inagotable: los datos. La llamada nueva era del Data Economy y el aprovechamiento del “Big Data” parece ser una de las principales inquietudes de la industria y es que, hoy en día y cada vez más, los vehículos son capaces de obtener inimaginables capacidades de datos a través de los múltiples sensores que incorporan en sus navegadores, infotainments o unidades de control.
No obstante, no es oro todo lo que reluce. El aprovechamiento de este recurso plantea notables inconvenientes y es que -al igual que sucede con el petróleo crudo- los datos en bruto no son aprovechables. Para resultar valiosos, los datos requieren de un concienzudo procesamiento, que incluya el filtrado, categorización y análisis, proceso que no todas las empresas quieren o están capacitadas para realizar.
Titularidad y análisis de los datos
La propiedad de los datos y su modelo de licenciamiento son también una cuestión incierta. Los representantes del sector coinciden en que los mecanismos tradicionales de protección de la propiedad intelectual como el copyright, los secretos empresariales u otros derechos sui generis o afines o incluso los mecanismos contractuales, no son suficientes o adecuados para proporcionar confort ante un panorama en el que todos los participantes de la cadena desean apropiarse o al menos tener un acceso compartido a los datos.
Por no mencionar las dificultades legales que derivan de las restricciones impuestas por el nuevo marco normativo europeo de protección de datos de carácter personal o en Estados Unidos, por ejemplo, las limitaciones derivadas de la aplicabilidad de la ya veterana Federal Driver’s Privacy Protection Act.
El sector lo ha dicho alto y claro: urgen nuevos players en el mercado que aporten soluciones tecnológicas basadas en análisis de datos y que sean capaces de lidiar con las restricciones y dificultades del marco normativo actual. La Unión Europea debe acelerar su respuesta (que actualmente sigue en fase de análisis) y completar un marco normativo satisfactorio que ofrezca seguridad jurídica y una protección adecuada para todos los participantes e individuos afectados.
Vehículos conectados
Pero no todo gira en torno a los datos. El sector automovilístico se enfrenta también a muchos otros obstáculos. En general, llevar la conectividad a los vehículos está siendo otra de las principales apuestas de la mayoría de fabricantes, y su implementación tampoco carece de dificultades. El objetivo requiere múltiples contrataciones, que implican complejas negociaciones con operadoras de telecomunicaciones, plataformas digitales, fabricantes de equipos o elementos (OEMs), intermediarios, etc., así como el desarrollo o adquisición de un inimaginable número de licencias de software y patentes y el cumplimiento con nuevas exigencias legales como la implementación de la eCall(obligatoria desde el 31 de marzo de 2018), del Reglamento comunitario de Geoblocking o, en general, la adaptación al marco regulatorio local e internacional.
Litigación vinculada al uso de patentes 4G y 5G
Si la litigación en patentes del sector automovilístico ya era elevada, la era digital la complica todavía más. Los expertos pronostican que en los próximos años se incrementará la litigación en torno al empleo de patentes de tecnología 4G y 5G en el sector automovilístico. El problema es que dichas patentes, tradicionalmente monopolizadas por las grandes compañías de móviles y el sector de las telecomunicaciones, todavía no está claro que pertenezcan a la categoría de las llamadas SEPs (standard essential patents) y, por lo tanto, bajo qué condiciones deberían licenciarse. El debate sobre la adopción de un modelo de licenciamiento justo, razonable y no discriminatorio o, por sus siglas en inglés, el FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) sigue abierto y constituye otra de las grandes batallas del sector que sigue a la espera de ser atendida de forma satisfactoria por la Unión Europea (y que se encuentra en fase de análisis).
Tecnologías disruptivas
También el empleo de las nuevas tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, el Internet of Things, la impresión 3D, el Blockchain o la realidad virtual y su aplicación para el desarrollo de la movilidad del futuro, como los coches eléctricos, la conducción autónoma, los walkcars (tan diminutos que podrán llevarse en el bolso) o los vehículos aéreos, suponen apuestas que plantean un sinfín de incertidumbres y especialmente en relación con los riesgos de seguridad y ciberseguridad.
Además, el acceso a dichas tecnologías requiere importantes labores de investigación, recursos y conocimientos especializados que dificultan al propio sector desarrollarlas de forma independiente. En muchos casos y para solucionar dichas carencias, las empresas automovilísticas optan por articular colaboraciones, joint ventures o adquisiciones de start-ups o laboratorios de I+D relacionados con el aporte tecnológico o con intermediarios especializados en el sector de la automoción, por ejemplo, en relación con la recarga de vehículos eléctricos, la prestación de servicios digitales o la tecnología de drones.
Activos tecnológicos
En este contexto, surge además el problema de la valoración de los activos tecnológicos como el derecho de autor sobre el software o la titularidad de patentes, dado que en muchos casos dichos activos se encuentran en fases incipientes de desarrollo y su valor no se pone de relieve hasta que no se produce una reclamación, por ejemplo, en el contexto de una litigación por infracción de derechos de terceros. En el sector, muchas veces vale más que el vendedor garantice la ausencia de infracción de derechos de terceros que el hecho de que pueda demostrar su titularidad sobre un determinado activo de propiedad intelectual (por ejemplo, si está debidamente registrado o patentado a su nombre). Lo que más importa es el equipo técnico e investigador, su conocimiento y los secretos empresariales que, desde principios el año, en España ya cuentan con un marco jurídico propio tras la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 sobre Secretos Comerciales.
Lucha contra la falsificación
Finalmente, aunque no menos importante, el sector automovilístico sigue fuertemente amenazado por el gran volumen de falsificaciones de componentes y piezas de recambios (mayoritariamente, frenos, ruedas, baterías y partes del motor) y que, representan –según algunas estimaciones realizadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea- en torno a la cifra de 20.200 millones de pérdidas anuales para la industria. La mayoría de estas falsificaciones, que provienen del continente asiático, presentan amenazas o riesgos importantes para la seguridad de los usuarios. En este sentido, la industria ha incorporado en sus procesos el uso de herramientas digitales para la detección, monitorización y persecución, a pesar de los elevados costes y las dificultades procesales y de ejecución de embargos por parte de las autoridades aduaneras. También en este ámbito, el sector hace una llamada a la Unión Europea para que estudie la adopción de remedios legales apropiados como los de congelación de cuentas de pagos que ya han sido adoptados y parece que están funcionando con éxito en Estados Unidos.
En definitiva, queda claro que el sector automovilístico se enfrenta a diversos y complejos retos que plantean numerosas cuestiones relacionadas aspectos de propiedad intelectual e industrial y que muchas de estas cuestiones requieren, no solo de un esfuerzo intrínseco de la propia industria para adecuarse y adaptarse a los nuevos tiempos, sino también una respuesta legislativa acorde que proporcione seguridad a todos los stakeholders de la cadena y garantice un justo equilibrio de todos los intereses en juego.
Claudia Morgado Asociada
