El estado de alarma como consecuencia de la COVID-19 está siendo un periodo de decisiones gubernamentales encuadradas en un marco inédito. Un escenario incierto en el que la profusión, rapidez y variabilidad de la normativa ha provocado cierta inseguridad en cuanto a la aplicación práctica de sus contenidos.
Nos enfrentamos a una situación cambiante derivada de las circunstancias y caracterizada por la cantidad de normas de distinto orden técnico que se publican. Todas las organizaciones se han visto sorprendidas ante esta pandemia que ha formado un nuevo escenario en el sector público y privado, tanto en España como a nivel global.
No es cuestionable el sobreesfuerzo de las empresas por respetar las directrices oficiales de las autoridades, pero es preciso apuntar el margen interpretativo que existe sobre su contenido normativo. Y es precisamente en este ámbito de duda donde emerge el riesgo de sufrir sanciones o daño por el incumplimiento del marco regulatorio.
En este sentido, esta crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia del compliance y sus profesionales, quienes han adquirido protagonismo debido a su preocupación por la protección de la empresa, sus personas y las comunidades en que operan. La labor del Compliance Officer ha sido fundamental en la gestión de esta crisis y también lo será si se reproduce ya que además de supervisar la aplicación razonable de la normativa, evalúa el impacto del COVID-19 en los mapas de riesgos de las organizaciones, estableciendo de manera ordenada las eventuales medidas de mitigación para el futuro.
Las organizaciones han tenido que adoptar medidas urgentes para gestionar el escenario del coronavirus y su gestión se ha centrado en mantener la actividad con garantías para la salud. Así, toda su inteligencia y recursos se ha volcado en dichos objetivos y no han quedado medios para abordar otras cuestiones. Las empresas no han tenido tiempo de reflexionar acerca de la adecuación de su modelo de compliance a este tipo de situaciones, algo que ya están haciendo, previendo los planes de acción y tratamiento de estos escenarios, dado el riesgo probable de que se repitan próximamente.
Todo ello evidencia el alto grado de cumplimiento empresarial ante esta nueva situación en la que preocupa las reclamaciones esporádicas fruto de la gestión de la crisis del coronavirus. En Estados Unidos, por ejemplo, ya existen reclamaciones contra empresas por grupos de perjudicados que resultaron infectados y que ahora sufren secuelas debido a la presunta gestión negligente de sus hechos durante la pandemia. No hay motivos para pensar que en otros países no vaya a suceder lo mismo en los años siguientes.
En este escenario de crisis global, resulta conveniente que las empresas realicen un seguimiento detallado de las directrices que emanan de las autoridades, de manera que apliquen de forma razonable sus indicaciones. Es muy importante dejar trazabilidad de ello, pues las decisiones de las empresas pueden ser cuestionadas en el futuro cuando sea difícil recordar qué se llevó a cabo, y por qué motivos concretos. Transcurridos años, es probable que en muchas organizaciones no exista un fondo documental suficiente que respalde la adecuación de ciertas acciones adoptadas para frenar las consecuencias del COVID-19. Será entonces cuando les resulte difícil acreditar su debida diligencia, salvo que ahora adopten cautelas en cuando a la elaboración y mantenimiento de registros documentales.
Gestionar las consecuencias de esta crisis sanitaria ha sido un gran reto para el empresariado, viendo incluso peligrar la continuidad de sus operaciones. La experiencia que hemos vivido impedirá en el futuro justificar desorientación, tanto en el sector público como privado. Todas las organizaciones deben estar preparadas para ello y no contar con el factor sorpresa ante rebrotes o situaciones análogas.
