He dejado este argumento intencionadamente al final, ya que lo normal sería que fuese el primero. Se entiende que todas las empresas deberían invertir todos sus esfuerzos en evitar que ellas o sus directivos fuesen declarados penalmente responsables.
Si embargo, en la práctica, algunos directivos siguen anteponiendo el negocio y los intereses económicos a la prevención de las infracciones, por lo que intentar convencerlos con este argumento parece una tarea inútil.
Si un directivo está convencido de que no puede mantener el negocio sin cruzar la línea roja del incumplimiento, será reacio a establecer un modelo de cumplimiento que ponga límites a su actuación, y se manifestará especialmente en contra de realizar un análisis de riesgos que no conseguirá otra cosa que demostrar la incapacidad de la empresa para reducir el riesgo de incumplimiento.
Pero el argumento de la exención de la responsabilidad penal está plenamente vigente y debe llevar a las empresas a establecer controles y medidas preventivas que permitan asegurar el esfuerzo realizado para evitar el incumplimiento.
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