El Gobierno ha puesto encima de la mesa un decreto ley para que a partir del 12 de mayo se fiche en el trabajo. ¿Es razonable que en pleno apogeo del teletrabajo, la conectividad, la libertad de horario se mire atrás y se pida fichar? Los argumentos del Ejecutivo son que “la realización de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal incide de manera sustancial en la precarización del mercado de trabajo, y dificulta la conciliación familiar, además de incidir en las cotizaciones a la Seguridad Social“. Los expertos creen que estamos ante un decreto que va contra el ritmo de los tiempos.
El Gobierno considera que protege al trabajador blindando su jornada laboral y saca a relucir para ello una sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de diciembre de 2015, en la que se señalaba que “el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada”. Además, el decreto-ley que promueve fichar a partir de mayo sería conforme a la normativa europea con el ordenamiento europeo.
Los expertos consultados por Informativos Telecinco consideran que las buenas intenciones del Ejecutivo se pueden convertir en un boomerang para los trabajadores. Y niegan la mayor. No es fichar lo que ayuda a conciliar, ni es eso lo que exigen los empleados a los jefes de recursos humanos, sino flexibilidad y poder trabajar en casa. Consideran los expertos que el Gobierno sí ha moderado de forma sustancial su idea inicial, que era más estricta pero, pese a todo, ven en este decreto un Regreso al Pasado, una dirección kamikaze respecto hacia dónde va el trabajo en el SXXI.
Talmac Bel, socio del departamento laboral de Fieldfisher Jausas, considera que el decreto cuenta con otro problema de base: la aplicación del mismo. “Ahora estamos inmersos en la flexibilización y los servicios desde casa. Va a haber una dificultad añadida en el sector servicios. Va a ser como poner puertas al campo. Hay que preguntarse si en el mundo de hoy lo idóneo es encorsetar las horas de trabajo”.
Todos los expertos consultados coinciden en que estamos ante un ataque frontal para la conciliación y la flexibilidad en el trabajo, cuando la norma pretende justo lo contrario y no ven claro que el fraude se vaya a mitigar, más aún sin un arsenal de inspectores de trabajo o con multas bajas. Consideran los expertos que las empresas que cumplen la ley lo seguirán haciendo y las que no, buscarán atajos.
Por qué el Gobierno apuesta por ello
La pregunta es por qué el Gobierno quiere llevar adelante este decreto ley. El Gobierno sabe que, durante 2018, un 35 por ciento del total de las denuncias por incumplimientos empresariales en materia de relaciones laborales recibidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se referían al tiempo de trabajo. Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2018, más del 50 por ciento de los asalariados declararon tener jornadas semanales superiores a las 40 horas y un gran volumen de trabajadores a tiempo parcial indicó que la jornada de trabajo efectiva no se correspondía con la declarada.
Utilizando otros datos de la Encuesta de Población Activa, cada semana del año 2017 se hicieron en nuestro país una media de 5,8 millones de horas extraordinarias a la semana. Lejos de constituir un hecho puntual, la realización de horas extraordinarias se incrementó en 2018. Así, los datos revelan que, como media, cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias en España. Junto a lo anterior, ha de destacarse que un 48 por ciento de las personas trabajadoras que declaran realizar horas extraordinarias también manifiestan que no les son abonadas ni, por tanto, se cotiza por ellas a la Seguridad Social. Estas son, entre otras, las razones del Gobierno.
Pero en otros casos este decreto choca con la conciliación, con la flexibilidad y con el trabajo en centros móviles. El registro de jornada para este tipo de trabajos es negativo porque corremos el riesgo de acabar siendo invasivos. En muchos trabajos a la oficina se va un rato y no se va llevar un chip en el brazo. Esta medida va a perjudicar a las empresas que cumplen, porque las que no lo hacen incumplirán la norma”, destaca. El tiempo, nunca mejor dicho, dirá si su control favorece el día a día del trabajador, que no olvidemos, lo que quiere es conciliar.
