Octubre de 2010. Grecia ya ha sido rescatada y los medios de comunicación empiezan a buscar causas y culpables de la crisis que asola los países del Sur de Europa. La evasión fiscal de autónomos y pequeños empresarios se encuentra inicialmente en el ojo del huracán, pero el debate europeo vira hacia las multinacionales y el desplazamiento de sus actividades a países con baja tributación. Mientras, la recaudación cae en Europa y la sensibilidad en asuntos fiscales aumenta.
Misma fecha, diferente escenario. En Reino Unido, un grupo de activistas crea la organización UK Uncut, que comienza a dirigir sus protestas hacia algunos grupos multinacionales acusándoles de prácticas fiscales deshonestas. La polémica está servida y se traslada al ámbito político. David Cameron, primer ministro de Reino Unido, y George Osborne, ministro del Tesoro, describen este tipo de planificación agresiva como “moralmente incorrecta”.
Es el origen de la corriente denominada tax morality, “un movimiento político y social que aboga por una visión más amplia de la fiscalidad, entendiendo que las empresas no sólo están obligadas a cumplir la legislación, sino que, además, tienen la obligación moral de contribuir con sus impuestos al desarrollo económico de los países en los que están presentes y en los que se genera valor”, señala Carolina del Campo, socia de fiscalidad internacional integrada de KPMG en España.
Ante este aumento de la sensibilidad social y política, las iniciativas internacionales para atajar la situación no se hicieron esperar. La más relevante fue lanzada en julio de 2013 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición de los países del G-20, bajo el nombre Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). El objetivo de este proyecto es “proveer a los Gobiernos de soluciones internacionales claras para tratar de evitar las estrategias de planificación fiscal que aprovechan las fisuras en el sistema para mover artificialmente sus beneficios a otros lugares donde son objeto de un trato fiscal más favorable”, según señala el propio organismo.
En su origen, se estableció un plan de acción con 15 medidas, que deben desarrollarse en recomendaciones específicas, y que afectan, entre otros asuntos, a la forma en la que las empresas trasladan información a las Administraciones y al tratamiento fiscal de los instrumentos híbridos. En esta misma línea, el proyecto BEPS hizo una apuesta decidida por buscar mecanismos que aseguren que las políticas de precios de transferencia estén alineadas con la creación de valor en el seno de los grupos multinacionales.
Las novedades no se han hecho esperar. Las primeras siete recomendaciones se publicaron el pasado 16 de septiembre y, entre otros aspectos, incluyen la propuesta de que las empresas tengan que comunicar a las Administraciones tributarias las cifras detalladas de su negocio desglosadas por países o abordar los desafíos de la economía digital. Los países del G-20 ya han mostrado su total adhesión a estas propuestas que, junto con las que aún quedan por difundirse, deberán aprobarse en 2015.
Respuesta internacional por países
La Comisión Europea, igualmente preocupada por los problemas que plantea el proyecto BEPS, presentó su propio plan de acción, que fue aprobado en mayo de 2013 por el Consejo Europeo, con algunos elementos que solapaban lo propuesto por la OCDE: expandir el intercambio automático de información o aumentar la transparencia, entre otros.
No obstante, a pesar del ambiente de consenso entre los organismos internacionales, los países son los que tendrán la última palabra en la implantación de medidas concretas y es aquí donde los expertos sugieren que se alzan las mayores diferencias. Según se recoge en el informe OECD BEPS Action Plan: Taking the pulse in the EMA region de KPMG, mientras que en países como el Reino Unido y Holanda se ha originado un debate público al que han contribuido los medios de comunicación y se prevé que los Gobiernos legislen de acuerdo con los principios generales del proyecto BEPS, otros territorios con sistemas fiscales más benévolos temen perder su competitividad fiscal respecto a sus vecinos. Así, en Luxemburgo, cuya economía depende en gran parte del sector financiero, el Gobierno está manteniendo un perfil más cauto frente a las reformas y, en Irlanda, su ministerio de Finanzas ya ha asegurado que mantendrá el tipo de su impuesto sobre sociedades (12,5% frente al 30% actual en España).
En España, el apoyo a la iniciativa parece claro: durante la reciente reunión del G-20 en Cairns (Australia), un portavoz del Gobierno español reafirmó su compromiso con las propuestas de la OCDE. A esto se suman algunas modificaciones legislativas ya efectuadas que avanzan en la misma dirección. “Ya se han producido algunos cambios en la legislación en los que BEPS está siendo el principio inspirador, como las limitaciones a las deducciones de gastos financieros, la modificación de las reglas de subcapitalización y el tratamiento de instrumentos híbridos”, señala Carolina del Campo.
Un nuevo escenario para las empresas
Si algo es seguro es que el escenario internacional de la fiscalidad va a cambiar y, según los expertos, hay tres aspectos a los que las empresas deben prestar atención. Por un lado, “es importante que las compañías sigan de cerca los trabajos de la OCDE y, en particular, el proyecto BEPS, para conocer un poco mejor cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Las multinacionales, con información como la que ha trasmitido la OCDE a través de las siete recomendaciones, pueden anticiparse a los cambios que se van a producir para analizar sus estructuras, cuantificar riesgos e incorporar nuevas estrategias, si es necesario”, asevera Carolina del Campo.
En segundo lugar, cuanto más global sea el enfoque propuesto por la OCDE, más necesario va a ser alejarse de las respuestas parciales que sólo atacan el problema desde una de las muchas perspectivas posibles. “La creación del área de fiscalidad internacional integrada de KPMG Abogados, que aglutina a profesionales de precios de transferencia y tributación internacional, es consecuencia de lo anterior”, explica Juan Ignacio Marrón, socio de la firma. Asimismo, “este nuevo escenario va a requerir de los grupos multinacionales una gestión activa de su cadena de generación de valor, en la que la fiscalidad internacional y los precios de transferencia tengan mayor peso específico en la toma de decisiones de carácter estratégico”.
Finalmente, el tercer asunto relevante es el relacionado con los riesgos reputacionales, ante las crecientes demandas sociales relacionadas con la fiscalidad de las multinacionales. “Es necesario que las empresas vinculen su política fiscal con su estrategia de marca y política social, ya que su reputación puede verse dañada ante las acusaciones de desarrollar estrategias fiscales inmorales”, señala Carolina del Campo.
