Un proverbio oriental, que algunos consideran maldición, dice: “ojalá vivas tiempos interesantes” . Se entiende que el interés de los tiempos es proporcional a los problemas que en cada momento se plantean, de forma que la tranquilidad, el continuismo… son bienes que facilitan la vida; y, por el contrario, el cambio, la innovación, la disrupción… la complican y dificultan. Y algo de esto hay.
Vivimos tiempos electorales que son, sin duda, interesantes en todos los sentidos. En tiempos de elecciones la política lo empapa todo, también la actividad jurídica. Mientras se convocan y celebran los procesos la actividad parlamentaria se paraliza y los proyectos normativos en tramitación caducan. Hasta la propia Administración entra en modo letargo. Mientras se forman los gobiernos concatenándose los nombramientos de la cadena de responsables administrativos, la actividad pública de los servicios y las unidades administrativas se ralentiza a la espera de que los nuevos responsables –del mismo o diferente partido, eso no es relevante– muestren la nueva sensibilidad y marquen las prioridades, decidiendo rescatar proyectos archivados, activar lo que parecía desechado o iniciar una nueva vía.
En el ámbito jurídico público, el cambio (potencial o real) de gobierno produce dos efectos contradictorios, complementarios e indeseables en cuanto pueden resentirse derechos y principios jurídicos elementales. De un lado, se acelera indebidamente la culminación de ciertos procedimientos en curso tratando de esquivar el “ efecto parón ” al alto precio del sacrificio de las garantías esenciales. De otro, no hay interés por iniciar lo que parece que no podrá finalizarse antes del cambio, lo que se traduce en una injustificable y exponencial demora (la de la Administración saliente se une a la de la Administración entrante). En ambos casos se crean situaciones inasumibles para los ciudadanos y las empresas. Esto ocurre de manera muy particular en los procedimientos que implican concurrencia competitiva: licitaciones de contratación pública; otorgamiento de concesiones o licencias administrativas; ayudas y subvenciones públicas; convocatorias de selección de personal…; así como en los procedimientos de elaboración de normas reglamentarias.
En el Departamento de Derecho público y Administrativo de SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS representamos y defendemos los derechos de nuestros Clientes ante las Administraciones y los organismos públicos definiendo estrategias eficaces, contemplando todas las variables que influyen en la toma de decisiones administrativas y utilizando todos los medios que el Ordenamiento ofrece a los particulares para satisfacer sus intereses legítimos. El objetivo –también en los tiempos electorales interesantes que vivimos– no es otro que lograr que la actuación administrativa se desarrolle y se culmine por los cauces y en los tiempos legalmente establecidos. Parafraseando a Jodorowsky, se trata de lograr que la Administración no actúe “ni tan rápido que alcances la muerte, ni tan lento que ella te alcance a ti”.
