La adjudicación de los fondos tendrá un marcado carácter social, lo que supone una gran oportunidad para el tercer sector de acción social y también para todas las empresas del sector privado que sean capaces de probar (y medir) el componente social de sus proyectos.
España acaba de superar uno de los grandes hitos en el camino hacia la recepción de los fondos Next Gen EU: el 16 de junio la Comisión Europea dio su visto bueno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, a través del cual se canalizan los fondos. Luz verde, pendiente únicamente de la aprobación por parte del Consejo, para recibir los 70.000 millones a fondo perdido previstos, que deberán ser adjudicados a proyectos concretos entre 2021 y 2023. De ese importe, 19.000 llegarán a lo largo de 2021 y 9.000 de ellos se transferirán ya en el mes de julio. Los otros 70.000 euros en créditos está previsto que se articulen en una fase posterior.
Aunque en el plan dos de los componentes que permiten articular los programas de inversiones y reformas están especialmente focalizados en políticas sociales (el 22: ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’; y el 23: ‘Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo’), lo cierto es que todo el documento está impregnado de un fuerte calado social en torno a cuatro ejes estratégicos: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.
Por tanto, se valorará muy positivamente el impacto social de los proyectos. Esto favorece el posicionamiento del tercer sector en la recepción de las ayudas: una oportunidad única teniendo en cuenta que uno de los problemas históricos para las entidades de este ámbito ha sido la financiación. Con la llegada de estos fondos europeos, las entidades del tercer sector que asuman el reto podrán salir fortalecidas.
Todo ello fue puesto de manifiesto en el webinar El Tercer Sector y la oportunidad de los Fondos Europeos 'Next Generation', organizado por la Plataforma del Tercer Sector. En el encuentro —que fue abierto por Mayte Suárez Vega, vicepresidenta de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Plataforma del Tercer Sector, y clausurado por María José Juanes, directora de la misma organización— participaron profesionales de Garrigues y de Management Solutions.
El gran reto: medir el componente social
Una de las cuestiones planteadas durante el webinar fue que, entre los principales retos a los que se enfrentan los proyectos a la hora de solicitar los fondos, está el de medir su impacto social: todo lo que no se puede medir es difícil de gestionar. La ausencia de criterios claros hace difícil este ejercicio, por lo que será conveniente contar con una metodología que permita probar los efectos del proyecto en la sociedad. En todo caso, lo que resulta esencial, según coincidieron los expertos congregados, es articular los proyectos cuanto antes y asegurarse de su impacto social y su contribución a los ejes estratégicos previstos en el plan nacional. Además, será importante mostrar que los proyectos planteados tienen un efecto duradero y son considerados, por tanto, más como una inversión que como un gasto.
Las entidades del tercer sector pueden jugar aquí un papel clave, no solo para sus propias iniciativas, sino también para que las empresas puedan dotar de contenido social sus proyectos.
Cuestiones legales y de negocio
Tal y como expuso Javier Manchado, socio del Departamento de Derecho Administrativo de Garrigues, los fondos Next Gen EU se articulan, fundamentalmente, a través de subvenciones y contratos públicos. España ya cuenta con instrumentos normativos para gestionar los fondos, como es el caso de la Ley General de Subvenciones o la Ley de Contratos del Sector Público. Y cuenta, además, con una normativa específica, el Real Decreto-ley 36/2020, que, por un lado, prevé la simplificación administrativa para acelerar los procesos, y, por otro, regula los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
En este sentido, los aspectos legales, junto con los de consultoría de negocio, serán esenciales a la hora de presentar los proyectos.
Pasos a seguir
Tal y como se puso de manifiesto durante el encuentro, resulta esencial adelantarse y estar preparado para el momento de concesión de los fondos, ya que los plazos son exigentes: a finales de 2022 deberán estar adjudicados en un 70%. Las empresas o entidades tienen ante sí todo un reto por delante que exige seguir una serie de pasos: revisar su portfolio de proyectos, preparar la propuesta, evaluar el impacto económico y social, analizar la posible oportunidad de acceder a los fondos de manera asociada o mediante un consorcio, coordinar de manera global el programa, contar con asesoramiento técnico-legal y gestionar tanto la solicitud como la ejecución y coordinación del proyecto. Un largo camino en el que resultará clave articular bien el proyecto para llegar a buen puerto.
