Tras el inicio de su aplicación el pasado 25 de mayo, el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) (RGPD) ha sido el foco de atención de todo el mundo pues, por primera vez, no solo vincula a los responsables y encargados del tratamiento de datos con establecimiento en la Unión. El nuevo RGPD también obliga a aquellos que, sin disponer de establecimiento en el territorio de la UE, traten datos de ciudadanos que se encuentran en la Unión, si realizan ofertas de bienes o servicios a dichos ciudadanos o monitorizan su comportamiento.
El pasado 6 de julio se incorporó el RGPD al Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) y entrará en vigor a mediados del mismo mes. El EEE une a los –de momento– 28 Estados Miembro de la Unión Europea y a los países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
La adopción del RGPD supondrá que todos los ciudadanos del EEE gozarán del mismo nivel de protección. Es decir, a partir de su aplicación, un ciudadano noruego –por ejemplo– quedará protegido por la norma, a la vez que todos los responsables y encargados del tratamiento de datos establecidos en cualquier parte del territorio del EEE quedarán sujetos a las obligaciones impuestas por el RGPD.
En cuanto al proceso de adopción, se ha procurado llegar a un acuerdo que permita a los Estados de la EFTA tener plena participación sin derecho de voto a la hora establecer el marco institucional. Además, cada Estado deberá adaptar su legislación interna para que ésta sea conforme al RGPD.
Al mismo tiempo, se decidió incorporar otros actos legislativos entre ellos, el Reglamento (UE) de 14 de junio de 2017 sobre portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (Reglamento de portabilidad). Este Reglamento (de aplicación desde el 1 de abril) permite a los consumidores acceder a los mismos contenidos online que en su Estado Miembro independientemente del territorio de la Unión en el que se encuentren. Esta norma cobra especial relevancia pues ayuda a complementar la entrada en vigor de la prohibición del roaming del pasado año, que supuso que los consumidores pudieran usar los servicios de internet y telefonía alrededor del territorio europeo con el mero pago de las tarifas domésticas.
