En los pasillos de los tribunales mercantiles de la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet no hay hoy un alma, pero los jueces, los letrados de administración de justicia y los funcionarios, a punto ya de regresar, velan armas para lo que se avecina. En unos días, saldrán de sus casas y empezarán a ocupar sus puestos y en unas semanas, según unos; o unos pocos meses, según otros, los miles de concursos de acreedores que todo el mundo augura comenzarán a presentarse.
En otras circunstancias, las consultas habituales –del tipo: “¿puedo ver a su señoría, por favor?, es que tengo un concurso complicado para julio y quería consultarle un par de cosas…”– ya se habrían multiplicado. Ahora, esto no es posible y por esa razón los jueces mercantiles se reunieron la semana pasada de forma telemática con treinta de los principales despachos de Barcelona, convocados por el Cercle d’Economia, para abordar lo que viene.
“El objetivo era encontrar un punto neutral para realizar un diagnóstico de la situación y comentar las prioridades judiciales y las económicas, que no siempre coinciden, y creo que salió muy bien”, explica José María Fernández Seijo, magistrado de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que dirigió la sesión junto con su compañero Luis Rodríguez Vega y una decena de jueces mercantiles más.
En el encuentro virtual salió de todo: cómo van a convivir a partir de ahora los ERTE de fuerza mayor con los ERE de los concursos de acreedores, qué fórmulas se pueden arbitrar para impulsar las refinanciaciones, cuál es el mejor modo y momento de vender la unidad productiva, etcétera. Rodríguez Vega dejó claro a todos lo que más le preocupa en estos momentos: “Los jueces velarán para que haya una autopista que permita desplazarse con rapidez a las empresas viables para que no se queden empantanadas en la jungla y se salven”, aseguró.
Aunque se trata de un propósito laudable, hay muchas dudas de que las empresas puedan aprovechar estas vías. En primer lugar, porque los propios juzgados mercantiles no se han repuesto de la crisis anterior, de la crónica falta de medios materiales y humanos, ni de las decenas de miles de demandas de pasajeros contra las aerolíneas por pérdidas de equipaje o retrasos y cancelaciones de vuelos que se acumulan. Están absolutamente desbordados ya antes de que empiece el baile y estos asuntos aéreos –“las maletas”, les llaman los jueces– seguirán entrando por miles ahora, ya que, por ahora, el Gobierno ha aparcado su idea de traspasarlos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Además, el marco legal ha cambiado, con disposiciones incluidas en los sucesivos decretos del estado de alarma, como la llamada moratoria concursal –que afecta a la suspensión del deber de declararse insolvente cuando se tiene conciencia de ello–, y con un texto refundido, incluidas algunas modificaciones relevantes, en la ley concursal que entrará en vigor el 1 de septiembre.
Ante este panorama, los jueces aseguraron a los abogados que, en primer lugar, tratarán de limpiar sus armarios y dar salida a todo lo que ha ido entrando en los juzgados en los últimos meses. Vienen semanas de muchas resoluciones. En paralelo, los jueces han creado tres grupos de trabajo para elaborar protocolos de actuación judicial sobre refinanciaciones, encomendado a Francisco Gil (del mercantil 6); declaraciones y convenio, a Raúl García Orejudo (7); y venta de unidades productivas, a cargo de Yolanda Ríos (1) y Florencio Molina (5).
García Orejudo afirma que “en el encuentro con los abogados nos transmitieron que para ellos es vital la rapidez en la declaración del concurso y nosotros nos comprometemos a hacerlo en dos o tres días”, asegura. Los de Barcelona son los juzgados mercantiles más rápidos de España en lo que se refiere a los concursos. Ahora, la meta es mantener el listón alto en una época que se prevé especialmente complicada.
No solo eso. Los jueces también explicaron que están abiertos a adentrarse en algunos terrenos inexplorados, como el de la tutela de la venta de la unidad productiva en el preconcurso con un mediador nombrado por el juez –que ayude a dar transparencia al procedimiento–, que luego pase a ser el administrador concursal, si llega el concurso. Falta ver el encaje legal de este procedimiento que no prevé la ley, aunque tampoco lo prohíbe.
“A mí me pareció muy interesante y ver que estaban jueces mercantiles y de la Audiencia nos da seguridad porque compruebas que tienen unidad de criterio”, comenta Agustí Bou, socio de Fieldfisher Jausas, sobre la reunión virtual con los jueces. En el mismo sentido, Jordi Albiol, socio de DWF RCD, percibió que la intención era “encontrar y coordinar mecanismos que permitan conservar la actividad productiva en empresas con dificultades y que quizás no puedan evitar el concurso pero sí salvarse con un rápido paso por los juzgados, sin menoscabo de la transparencia y la seguridad jurídica”. Por último, Raimon Tagliavini, socio de Uría Menéndez, considera que “consensuar e implementar mecanismos que permitan agilizar la tramitación de aquellos concursos en los que se busque la aprobación de un convenio de acreedores puede ser esencial para preservar el tejido económico y el empleo”.
Esa es la idea. Aplicar la ley, gestionar los concursos y, en la medida de lo posible, salvar empresas, tanto por la vía del convenio como por la venta de la unidad productiva, con luz y taquígrafos, sin trapicheos. Los jueces repetirán la experiencia de la semana pasada el miércoles en otra reunión telemática con representantes de las secciones concursales de los colegios profesionales de economistas, auditores, abogados y procuradores. En este caso, se volverá a hablar de todo, aunque el acento se pondrá en los concursos de las pymes.
