El Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU, en el argot de Bruselas) tiene previsto inyectar en los próximos seis años 750.000 millones de euros en las economías de la Unión Europa. De esa cantidad, a España le corresponden según el plan inicial 140.000 millones de euros (72.700 en subvenciones a fondo perdido y 67.300 en préstamos). Son cifras extraordinarias nunca conocidas en la historia europea reciente. Pero ahora viene lo más difícil: gestionar con criterio y sentido común tal cantidad de dinero. Para orientar al lector sobre la evolución de las ayudas, que todavía están en fase de tramitación en los países y en las instituciones europeas, iniciamos aquí una serie quincenal de informaciones de actualidad en la que ofrecemos una recopilación de datos, hechos y tendencias.
En julio de 2020, los jefes de Estado de la UE aprobaron el plan. En noviembre, se llegó a un acuerdo con el Parlamento Europeo y en diciembre el paquete de ayudas, junto al presupuesto 2021-2027, fue aprobado definitivamente por el Consejo de la UE. Esta semana, el Parlamento europeo también ha dado luz verde al reglamento.
Para la ejecución de las ayudas es necesario ahora que todos los Estados miembros, de acuerdo con sus normas internas (por lo general, la ratificación del Parlamento), aprueben la Decisión sobre Recursos Propios de la Unión. Esto puede tardar. Como ha advertido la Comisión Europea, hasta la fecha solo lo han hecho seis países (Francia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia y Portugal) y hasta que no lo hagan los 27 Estados miembros no podrá emitir deuda para financiar los fondos.
Entre tanto, los países pueden ir perfilando sus planes nacionales, que han de enviar antes de finales de abril. Después la Comisión Europea tiene dos meses para hacer su dictamen de evaluación y aprobación y el Consejo Europeo un mes más para hacer lo propio. Con todo eso, no parece que el primer desembolso de dinero (el 13% de las transferencias, algo más de 9.000 millones de euros) vaya a llegar antes de julio. Pasa como con las vacunas: la cosa va retrasada.
Mucho se ha hablado sobre la necesidad de aprovechar al máximo las ayudas europeas para salir de la crisis. El Banco de España ha puesto el acento, sin embargo, en la calidad de los proyectos antes que en la cantidad o en la rapidez de ejecución. Se trata, por encima de todo, de gastar bien.
Es aquí donde se puede considerar apropiada la recomendación realizada en 2018 por el Tribunal de Cuentas Europeo, en referencia a los llamados fondos de cohesión: “Es crucial evitar una situación en la que grandes cantidades de dinero necesitan ser gastadas a toda prisa sin tener en cuenta su rendimiento, de tal forma que el uso del dinero es un fin en sí mismo y no un medio para conseguir los objetivos de la política europea”. Amén.
BBVA ha puesto números al empujón que presumiblemente supondrán los fondos europeos para la recuperación de la economía: un punto adicional del PIB en 2021 y tres puntos más en 2022. Moody’s también ha echado un poco de pimienta esta semana, con un informe que dice que la calificación de la deuda de España (ahora con una nota Baa1, es decir, de calidad considerada de grado medio inferior) dependerá, para bien o para mal, fundamentalmente del uso que se haga de los fondos europeos.
Lo cuenta La Información: la Comisión Europea está preocupada porque en los planes provisionales que ya han presentado 18 Estados miembros (incluida España) hay demasiados proyectos dedicados a inversiones y pocos centrados en las reformas estructurales que exige la Unión Europa para reforzar el modelo productivo.
El Gobierno español no se da por aludido. Según su versión, en el paquete de medidas ya remitido a Bruselas hay 170 reformas agrupadas en 30 capítulos y, por lo tanto, no prevé problemas en ese sentido. En todo caso, ahora empieza un proceso de negociación con las autoridades europeas para cuadrar los planes presentados, que por cierto en algunos casos (la Comisión no da nombres) no llegan al mínimo del 37% destinado obligatoriamente a medidas relacionadas con el clima.
Si hay algún proyecto que destaca entre las decenas de planes presentados para acceder a las ayudas europeas, ese es el del hidrógeno verde. Gobierno, comunidades autónomas (Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana) y grandes empresas energéticas (Naturgy, Endesa, Iberdrola) han caído rendidas ante la promesa de un combustible más limpio y barato.
El porqué lo explica aquí la revista Forbes. El flechazo de los agentes económicos con el hidrógeno verde va más allá de las fronteras europeas. Arabia Saudí acaba de anunciar un proyecto multimillonario para la construcción de la mayor fábrica del mundo, con un presupuesto de 7.000 millones de dólares, incluyendo la infraestructura de transporte necesaria para distribuirlo, como cuenta The Wall Street Journal. Veremos en qué queda esta burbuja, pero de momento podemos ir familiarizándonos con términos como hidrogeneras (las gasolineras de hidrógeno) o electrolizador (el dispositivo que separa las moléculas de oxígenos e hidrógeno contenidas en el agua).
La semana pasada, un centenar de economistas europeos de izquierda, con el francés Thomas Piketty a la cabeza, publicó un controvertido manifiesto. El documento, firmado entre otros por los españoles Cristina Narbona, Nacho Álvarez, Jordi Sevilla y Juan Torres, propone la condonación de la deuda de los Estados miembros que está en manos del Banco Central Europeo (BCE).
Tras las numerosas reacciones habidas en distintas instancias políticas y económicas, muchas de ellas en contra, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, puso orden en el gallinero a través de una entrevista en Le Journal du Dimanche. En ella, Christine Lagarde rechazó de plano la propuesta (la calificó de ilegal e “inconcebible”) y sugirió que en vez de pedir la cancelación de la deuda los esfuerzos deberían concentrarse en cómo usar los fondos europeos y en qué sectores se deberían invertir de cara el futuro.
Dentro del ambiente general de optimismo que se respira en Europa sobre el potencial impacto positivo de los fondos europeos, también se oyen algunas voces manifiestamente escépticas. Dos economistas italianos han publicado un artículo en Il Sole 24Ore en el que se rechaza que las ayudas europeas vayan a ser una panacea para salir de la crisis. Según sus autores, la condicionalidad de las subvenciones, las dificultades de asignación y el importe de las transferencias netas (una vez deducidas las contribuciones) harán que las ayudas tengan un modesto impacto en el crecimiento económico de Italia.
Es la versión actualizada de la canción Parole, parole (o no me creo nada de lo que me dices). Frente a esta posición agnóstica, el futuro primer ministro italiano, Mario Draghi, cuya llegada al Gobierno se produce justamente por las divergencias habidas en la tramitación de los fondos europeos, ha manifestado en Financial Times que espera que “Italia haga sus deberes”. “Tenemos recursos extraordinarios a nuestra disposición y la oportunidad de trabajar cuidadosamente con la vista puesta en las futuras generaciones”, ha dicho el ex-presidente del BCE.
