La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado viene a establecer los principios y normas básicas para garantizar la unidad del mercado estatal.
La novedad principal de esta ley para la consecución del “mercado único” es el llamado “pasaporte único” empresarial, que se articula entorno a las siguientes bases o principios a aplicar en todo el territorio nacional:
1.- Supresión de controles previos (autorizaciones, licencias, Registros con carácter habilitante, etc.) para todas las actividades económicas, salvo las excepciones fijadas por la ley.
2.- Supresión de los obstáculos a las libertades de establecimiento y circulación, y principio de eficacia en todo el territorio nacional: los operadores económicos necesitarán una sola licencia expedida por cualquiera de las Comunidades Autónomas para poder operar y vender sus productos y servicios en todo el territorio nacional (a excepción de las autorizaciones vinculadas a la instalación o infraestructura física de la actividad).
Para la consecución de este objetivo del mercado único, la ley establece los siguientes medios y procedimientos:
a.- Se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, en el que cuentan con representación todas las Administraciones, y que tiene como objetivo el seguimiento de la aplicación del contenido de la ley.
b.- Se establecen mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y de circulación (recursos alternativos a los administrativos generales). Dichos recursos se canalizarán a través de la Secretaría de Unidad de Mercado, como órgano técnico de asistencia del Consejo de Unidad de Mercado, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Muchas Comunidades Autónomas se han opuesto a esta ley desde el inicio (entre ellas Catalunya) por considerar que atenta contra su autogobierno y contra su modelo económico, que genera inseguridad jurídica, que desprotege a los ciudadanos como consumidores y que provoca la aparición de paraísos administrativos, pudiendo dar lugar al imperio de los oligopolios económicos frente a las pymes, que se verán perjudicadas por esta ley.
Por todo ello, la Generalitat de Catalunya ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Unidad de Mercado, que ha sido admitido a trámite y actualmente se encuentra pendiente de sentencia.
