En las múltiples discusiones de estos días sobre los Presupuestos Generales del Estado, no he encontrado una reflexión sobre que su aprobación esté prevista para el 28 de diciembre de 2020. La reflexión no debería versar sobre que vayan a ser ratificados en el Congreso de los Diputados el día de los Santos Inocentes, sino sobre que, a día de hoy un ciudadano de este país, no sepa cuantos impuestos va a pagar si en enero vende su casa.
La reflexión es aún más obligada si lo que pretendemos es convertir España en un país receptor de inversión internacional, ya que países como Alemania o Portugal tienen sus cuentas aprobadas desde noviembre, permitiendo a los inversores, hacer una planificación financiera oportuna sin tener que improvisar o hacer cambios en el último momento.
No podemos en este caso aludir a un problema de tramitación parlamentaria ya que, el 27 de octubre de 2020 cuando el Presidente y el Vicepresidente del Gobierno presentaron el acuerdo sobre las cuentas públicas, Francia llevaba más de un mes con sus cuentas presentadas por su ministro de Finanzas.
El problema es que un inversor americano no busca principalmente el buen clima y la gastronomía española para invertir, busca seguridad jurídica y conocer cómo van a tributar las inversiones en España. A modo de ejemplo, recientemente, un cliente extranjero residente fiscalmente en España me planteo que está en curso de venta de un paquete accionarial y quería saber la tributación si consigue vender en 2020 o si la operación se retrasa a 2021. Cuando le plantee al cliente que la tributación de 2021 que le explicaba era estimada, su cara de asombro fue importante, pero como lleva ya tiempo residiendo en España, el asombro le duró poco tiempo, se ha acostumbrado a nuestra forma de improvisación.
Pero no nos confundamos. La ausencia de planificación no es un problema del actual gobierno, es más, no es un tema de partidos ni colores políticos, sino del sistema que permite este tipo de prácticas. Ahora es PSOE y Unidas Podemos, pero medidas como estas ya las hizo, por ejemplo, el Ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, cuando cambió las reglas del Impuesto sobre Sociedades de 2016 en diciembre de 2016, con el famoso Real Decreto-ley 3/2016 que está actualmente recurrido al Tribunal Constitucional.
Si queremos atraer inversiones a España, es imprescindible apostar por la planificación y seguridad jurídica, sobre todo si los países de nuestro entorno, Francia o Portugal, hacen las cosas desde un punto de vista más coherente o por lo menos sin tener necesidad de improvisar.
