La nueva Ley del Suelo de Canarias, en vigor desde el pasado 1 de septiembre de 2017, aspira a plasmar en un solo texto legal todas las reglas y procedimientos tendentes a la protección, la regulación y el uso del suelo en un ámbito de marcadas y singulares características como es el caso de Canarias, que hacen que el suyo sea un modelo urbanístico y territorial único (en el que más del 50% de su superficie es suelo de protección ambiental), sin parangón con el resto de comunidades españolas.
El texto aprobado persigue, de inicio, poner fin a la “maraña” legislativa existente, derogando la dispersa y difusa normativa anterior, integrando y clarificando en un solo texto todo el conjunto de reglas y procedimientos para el uso del suelo. Y además lo hace bajo la premisa y la aplicación directa del Principio de Desarrollo Sostenible que debe presidir las políticas públicas sobre el uso del suelo para propiciar el uso racional de los recursos naturales y armonizar los requerimientos de la economía, el empleo y la cohesión social y el respeto al Medio Ambiente, entre otros objetivos.
El nuevo texto persigue acercar la realidad y singularidades insulares al modelo normativo, y no a la inversa. Para ello busca agilizar y en cierta medida flexibilizar los procedimientos de tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de ordenación, posibilitando a su vez que tales instrumentos puedan adaptarse a los continuos cambios o situaciones sobrevenidas. De esta manera aspira a convertir el planeamiento en una realidad útil, accesible y práctica y todo ello con estricta observancia y respeto a los principios y criterios de transparencia, publicidad, participación ciudadana, jerarquía, competencia, protección del Medio Ambiente, etc.
Por todo ello, creemos, reviste especial interés conocer el contenido de la nueva norma, por afectar a una materia especialmente controvertida en el ámbito canario, cuya comprensión y entendimiento devienen fundamentales para responder a los nuevos desafíos que se plantean en este sector y que van a tener una innegable transcendencia práctica en un futuro inminente, entre otros aspectos, por la intención del legislador canario de vaciar la bolsa de suelo urbanizable y la posibilidad de reclasificar dicha categoría a la de suelo rústico que prevé la normativa.
Departamento Administrativo de Garrigues
