El año 2022 nos anunció importantes novedades de agilización de procedimientos para las micropymes insolventes o en dificultades, que se han puesto en marcha a partir de este año.
Principalmente, un sistema telemático de presentación de concursos, que no precisa de abogados, si bien, aunque parezca que estoy ‘barriendo para casa’, tengo que advertir que las consecuencias de equivocaciones o imprecisiones en el momento de rellenar el formulario pueden ser graves, arrastrando a la calificación del concurso como culpable, por lo que es recomendable hacerse asesorar por un abogado.
Este sistema acoge a aquellas empresas que han tenido hasta 10 trabajadores (al menos han de haber tenido uno), volumen de negocio inferiores a 700.000€, y deudas por menos de 350.000€.
Teniendo en cuenta nuestro tejido empresarial, este sistema afectará a un gran número de empresas.
Al margen de este sistema telemático para las micropymes, se implanta, para todos, el concurso si masa, cuando no hay activo alguno a liquidar (el antiguo concurso exprés). Lo puede pedir el deudor, proponiendo un administrador, o no; entonces, de no haber administrador, se consulta a los acreedores y, si éstos no nombran administrador -a su cargo-, el juez cierra directamente el procedimiento.
Sencillez y agilidad estructural que veremos si se verifican, en un procedimiento que también acogerá el gran número de sociedades insolventes que no tengan activos a liquidar. Se entenderán como activos inexistentes o no liquidables a estos efectos, los bienes y derechos del concursado que fueran manifiestamente desproporcionados respecto al previsible valor venal.
Pero la falta de activos, eso sí, ha de ser una característica no provocada expresamente o que, habiéndose vendido bienes lo haya sido por decisión empresarial justificable, a precios claramente de mercado y en un proceso en que hayan participado varios aspirantes a la compra, y esta se haya hecho a precios demostrables de mercado; precio que habrá de haberse ingresado enteramente en las cuentas de la sociedad para afrontar obligaciones de la misma, y por orden de antigüedad e importancia. Pero ello no ha de hacerse cuando la sociedad ya está incursa en situación de insolvencia.
En múltiples ocasiones hemos advertido de la necesidad de actuar con total transparencia en sociedades con dificultades, evitando situaciones delicadas de posible responsabilidad personal. Ver, por ejemplo, (Los inconvenientes de la moratoria concursal), o también, Las empresas ante el Covid-19, en su reinicio de actividad (y III).
Así pues, se espera que la rapidez del sistema anime a ‘limpiar’ gran número de sociedades -que en su mayoría serán micropymes- cuya continuación o mantenimiento no tenga sentido, a la par que permita a personas físicas empezar de cero, sin pasar por un procedimiento engorroso y lento.
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Juan Núñez – abogado
