El pasado 10 de enero, comenzó a ser aplicable el Reglamento (UE) 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (Reglamento Bruselas I).
El objetivo de este Reglamento es facilitar y acelerar la circulación de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la Unión Europea, así como la eliminación de los obstáculos burocráticos, costes adicionales y la inseguridad jurídica de tener 27 sistemas diferentes para el mercado único más atractivo.
El objetivo principal del presente Reglamento es facilitar la libre circulación de las sentencias y para mejorar aún más el acceso a la justicia. De este modo, los ciudadanos y las empesas podrán recuperar su dinero de forma más rápida, sencilla y gratuita.
El cambio más importante es la supresión del procedimiento del exequátur. El exequátur es el procedimiento para el otorgamiento de la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro. Con este Reglamento, la resolución dictada en un Estado miembro que sea ejecutiva en dicho Estado miembro será ejecutable en los demás Estados miembros sin necesidad de otorgamiento de una nueva ejecución.
Una sentencia en asuntos civiles y mercantiles en un estado miembro será automáticamente ejecutable en cualquier lugar en la Unión Europea. Este procedimiento suele costar entre 2.000 y 3.000 euros dependiendo del Estado miembro, pero puede llegar hasta los 12.700 euros si se incluyen los honorarios de los abogados, la traducción y las tasas judiciales. En casi un 95 % de los casos, este procedimiento era una simple formalidad.
De conformidad con la nueva disposición, en el caso de un litigio con una empresa de fuera de la UE que vende productos en un Estado miembro, los consumidores europeos pueden acceder a los tribunales de su país de residencia y no tener que ir al país fuera de la UE. También permitirán a los empleados que trabajan en la UE emprender acciones judiciales contra sus empleadores situados en un país no perteneciente a la UE ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que trabajan habitualmente.
Esta reforma ahorrará tiempo y dinero a las empresas y a los consumidores, porque las resoluciones judiciales de un Estado miembro de la UE serán reconocidos automáticamente en otro Estado miembro de la UE. Se trata de una pequeña revolución para el espacio europeo de justicia que nos acerca al modelo del mercado único de Estados Unidos. Se espera que esta simplificación permitirá un ahorro de 48 millones de euros.
"Esta es una muy buena noticia para los ciudadanos y las PYME de Europa", Vera Jourová, Comisario de la UE responsable de Justicia, los consumidores y la Igualdad de Género, dijo. "Estas nuevas reglas podrían suponer un ahorro de entre 2.000 y 12.000 euros por caso individual. Es un cambio exitoso con la promesa de reducir la burocracia y fortalecer el mercado único de la UE. Tal acción hará una diferencia significativa, en particular para las pequeñas y medianas empresas y se abrirán muchas más oportunidades para los negocios en toda Europa".
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