Cuatrocientas personas fueron condenadas el año 2015 en Catalunya por delitos contra la libertad sexual. Para hacer frente a esta lacra, el Gobierno respondió el año 2010 con una modificación del Código Penal e introdujo la libertad vigilada para los condenados por delitos sexuales de gravedad y de terrorismo. Para la abogada Mireia Balaguer, la libertad vigilada es un “instrumento eficaz si su aplicación se limita a los casos en los que la peligrosidad del penado se mantiene una vez cumplida la pena”.
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