El vicepresidente de Aspac, subraya que los costes de las tasaciones –tanto las voluntarias como las obligatorias– o de la compensación para los asesores en los casos más complejos corre a cargo de los administradores concursales.
A menudo, según Comendador, dichos costes se revelan inasumibles debido al exiguo tamaño del concurso. “No tiene sentido que me impongan un coste porque yo quiera sacar el máximo valor de una unidad productiva a través del trabajo de los asesores”, ejemplifica.
“La disyuntiva está entre hacer mi trabajo bien y pagar a los expertos para acabar cobrando mal, o hacerlo mal para cobrar más”. Fuentes del Ministerio de Justicia admiten que se debería “avanzar, para la admisión del concurso, en la exigencia de activos suficientes para atender los gastos, como la retribución de la administración concursal o las tasaciones”. Cuando esta capacidad no exista, concede Justicia, “se ha de profundizar en la búsqueda de alternativas”.
