Si las negociaciones siguen según lo previsto, los pequeños negocios situados en los centros comerciales podrían llegar en diciembre a un acuerdo con estas grandes superficies para disminuir el pago del alquiler de su local. Desde hace meses, los juzgados de primera instancia están recibiendo denuncias y demandas de ambas partes. Una batalla judicial sobre la que aún no hay sentencia definitiva.
“Si llegamos a un acuerdo con ellos, nosotros nos retiramos y les quitamos las demandas. Llegar a una renta justa con el propietario es por lo que estamos luchando. Además, creemos que es algo que les vendría bien a ambas partes” explicó Jordi Ruíz de Villa, líder de la Plataforma de Afectados por el Covid-19 en centros comerciales de España (PAC) y socio del despacho Fieldfisher Jausas, el bufete que representa a la plataforma .
Según Ruíz, desde hace algo menos de un mes “estamos negociando con varios de los propietarios de centros comerciales para encontrar una solución y parece que vamos acercando posturas.” El líder de PAC se mostró prudente y no quiso avanzar por dónde irá el acuerdo, ya que “todavía no hay nada establecido”. No obstante, sí que adelantó que podría ser en este mes de diciembre “cuando se empiecen a alcanzar acuerdos”.
Este posible acuerdo llega tras la presentación de cientos de denuncias y demandas en los juzgados de primera instancia. Los negocios situados en los centros comerciales se vieron incapaces -debido a la caída de sus ventas y a las nuevas restricciones – de afrontar la renta de sus locales (llegan a pagar unos 10.000 euros por 150 metros cuadrados), lo que hizo que las grandes superficies intentasen desahuciarles.
“Se entró en una dinámica de desahucios por parte de las grandes superficies debido a la falta de pagos, a la que nosotros respondimos con una demanda judicial, en la que solicitábamos a los tribunales una reducción del alquiler”, explicó Ruiz. Este abogado aseguró que los juzgados de primera instancia se “están llenado de litigios sobre este tipo de cuestiones. hemos presentado más de 120”.
Tal es el volumen de casos que, todos los jueces de primera instancia de Barcelona tuvieron que reunirse para sentar criterios comunes sobre los casos. Según el líder de la Plataforma, la conclusión a la que llegaron los magistrados fue que “había que estudiar caso por caso, porque el gran volumen de sentencias podría hacer que ciertos negocios estuvieran abusando de su situación para impedir el desahucio. Esto viene a raíz de que muchos están pidiendo una reducción del 50% de su alquiler, cuando en realidad sus ventas sólo han caído un 30%”.
El método que utiliza el despacho Fieldfisher Jausas para interpelar la demanda a las grandes superficies y conseguir que sus negocios puedan pagar menos renta y eviten, de esta forma, ser desahuciados, es lo que ellos denominan “renta justa”. Que no es otra cosa que pagar el alquiler del local, mientras dure la crisis, en función de las ventas que se hagan. Es decir, si las ventas de un comercio caen un 30%, se paga un 30% menos de alquiler.
“Tenemos varios casos en los que hemos conseguido una decisión favorable a nuestro mecanismo, luego tenemos otros que están en curso. Pero uno de los últimos logros que hemos conseguido fue frenar el desahucio de un pequeño negocio” contó Ruiz. Se trata de la prohibición de desahucio que hizo el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Barakaldo a un propietario (un centro comercial de Altea), que pretendía echar a un negocio de su superficie por no haberle pagado el alquiler del local durante los meses que estuvo cerrado el negocio por la crisis de la Covid-19.
“El juez decidió suspender el desahucio porque había una demanda interpuesta por el negocio de reducción de deudas previa. Esto frenó la orden de desahucio hasta que hubiera una sentencia definitiva sobre la demanda puesta anteriormente” apuntó el abogado.
La situación de los centros comerciales está muy lejos de mejorar. La nuevas restricciones impuestas por las autoridades sanitarias durante la segunda ola han perjudicado gravemente a los negocios que están situados en estas grandes superficies. “Están sufriendo un horror. Las restricciones y limitaciones horarias han llevado al cierre directo a muchos negocios, y han generado miedo en el consumidor” explicó Jordi Ruíz de Villa, líder de la Plataforma de Afectados por el Covid-19 en centros comerciales de España (PAC).
“No hay ningún centro comercial en el que se estén recuperando mínimamente las ventas. No hay ayudas, los autónomos no tienen más recursos y los bares y comercios siguen esperando el Plan, que aún no ha llegado” denunció Ruiz.
Según contó, esta segunda ola ha frenado los tres modelos de negocio en los que se sustentan las actividades de un centro comercial: las comidas diarias, el ocio e ir de tiendas. “Si a la gente se le recomienda teletrabajar, los negocios de los centros comerciales pierden la venta de menús. Si impones un toque de queda, se pierden los negocios de ocio. Y si encima fomentas que la población vaya a comprar a las tiendas a pie de calle por seguridad, se genera una situación dramática para estos autónomos” dijo el líder de la PAC.
A su juicio, las campañas enfocadas a fomentar el comercio minorista se olvidan de que el 70% de los negocios que hay en centros comerciales son franquicias. “Son pequeños negocios regentados por autónomos, que han avalado la puesta en marcha de una tienda o de un restaurante y que van a vivir un drama si la situación no mejora”.
En este sentido, apuntó la discriminación que están sufriendo los pequeños negocios catalanes de los centros comerciales frente al Corte Inglés. “Los centros comerciales están cerrados en Cataluña, porque está decretada la fase 1. Lo cual es una barbaridad, porque se han cargado la campaña de Navidad para estos pequeños negocios. El problema está en que, mientras que ellos están cerrados, se les está permitido la apertura a otras grandes superficies como el Corte Inglés o Decathlon” denunció Ruíz.
Asimismo, el líder de la Plataforma y socio de Fieldfisher Jausas comentó otro problema que están teniendo los negocios que están situados en varios centros comerciales de diferentes comunidades autónomas. “La disparidad de normas se ha convertido en un inconveniente más para las pequeñas franquicias. Es imposible saber lo que ocurre en las 17 comunidades autónomas, entre los cambios nacionales y regionales que se producen cada semana, casi no se puede tener un mapa completo de lo que ocurre a nivel nacional con los negocios en los centros comerciales”, admitió.
