La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha reclamado “medidas urgentes de protección” empresarial frente a las insolvencias que se van a producir durante la actual crisis de coronavirus.
Entre las medidas que afectan directamente a este colectivo figura la petición de “la prórroga de los plazos para la presentación del concurso de acreedores, posponiendo dicha obligación hasta septiembre”.
El presidente de ASPAC, Diego Comendador, sugiere que “tal y como se actuó con el tratamiento del deterioro de las existencias de las compañías inmobiliarias en la última crisis económica del ladrillo“, sería conveniente “que todas las pérdidas generadas por las empresas desde la promulgación del Real Decreto, mediante el que se declaró el estado de alarma, no sean tenidas en cuenta a los efectos de los cómputos del desbalance de los fondos propios de las compañías que les obliguen a liquidar o concursar”.
Además, los administradores concursales proponen que los impagos posteriores a la declaración de este no permitan el devengo de intereses de mora, sino únicamente intereses ordinarios.
Por otro lado, proponen una deducción especial del 20% de las cantidades invertidas por las empresas en activar el teletrabajo.
Todas estas medidas de urgencia deberían ir aparejadas de la “flexibilización y aplazamientos de deudas tributarias y de seguridad social, con una concesión automática para las Pymes a tipo de interés cero de las deudas tributarias en periodo voluntario, cuyo vencimiento se produzca durante el estado de Alarma y en los tres meses siguientes”.
Para las sociedades, plantea el pago a cuenta a pagar en abril de aquellos que lo calculasen en función de la cuota del año anterior, con la posibilidad de cambiarlo a la otra modalidad en función del resultado del ejercicio.
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Por su parte, Elisa Escolá, asociada senior del departamento de reestructuraciones e insolvencias de Fieldfisher Jausas, destaca que la “lucha contra la expansión del Covid-19 ha obligado al Gobierno a aprobar una serie de normas que afectan no solo al ámbito sanitario, sino a todos los sectores de la economía”.
Señala que “el real decreto por el que se declaró el estado de alarma acordó en su artículo 10 medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, lo que ha comportado el cierre temporal de muchos negocios y empresas”.
Sobre la declaración del estado de alarma recuerda que “ha ido sucedida de tres Real-Decreto Ley, el 6/2020, el 7/2020 y 8/2020, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico del Covid-19 y el que afecta más directamente a la regulación concursal, que es el RDL 8/2020, de 17 de marzo, que en su artículo 43 establece que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso mientras esté vigente el estado de alarma”.
Recuerda que “el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”.
Esta jurista remarca que “paralelamente se han aprobado medidas laborales y fiscales, para facilitar los ERTES y los ERES de las empresas que no puedan soportar esta situación, así como normas financieras, que prevén préstamos con avales públicos”.
Sobre el efecto de dichas medidas e impacto en el mundo concursal, Escolá revela que “si bien estas medidas van a mitigar quizás el volumen de concursos, creo que no van a evitar que aumente considerablemente su número durante este 2020, atendido el tejido empresarial de España”.
Subraya que “nuestro país depende económicamente del sector del turismo y de los servicios, con poco tejido industrial, y el cierre de los negocios de hostelería y la cancelación de ferias y la suspensión de eventos tan importantes como las procesiones de Semana Santa, las Fallas y otros eventos culturales, dejarán muy tocado el sector del turismo, a las puertas de la próxima campaña de verano”.
A su juicio, “las empresas suelen tener poco músculo financiero y creo que la incertidumbre que genera esta situación, que a día de hoy no sabemos todavía cuánto va a durar, va a conllevar probablemente una caída del turismo que obligará a muchas empresas a acudir al paraguas concursal”.
