La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada mediante acuerdo unánime por el Grupo de Trabajo constituido en el Seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.
La carta se divide en tres bloques diferenciados, siendo el primero de ellos el que contempla la necesidad de una justicia transparente.
Los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en dicha carta y la Administración de Justicia deberá contribuir con los medios adecuados a garantizar la efectividad de los mismos.
La política de transparencia se ha convertido en la seña de identidad del Consejo General del Poder Judicial que, en su afán de dar cumplimiento al contenido de la Carta, está en proceso de implantar portales de transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de las diecisiete Comunidades Autónomas.
La puesta en marcha de dichos portales se inició el pasado 23 de noviembre, con la entrada en funcionamiento como "proyecto piloto" de los portales de los Tribunales Superiores de Justicia de Islas Baleares y Murcia.
El 1 de febrero se activaron los portales de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Por su parte, los portales de transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja entraron en funcionamiento el pasado 24 de febrero. Está estimada para el 1 de abril la puesta en marcha de este servicio para las Comunidades de Extremadura, Galicia, el País Vasco, y Canarias; mientras que para el resto de Comunidades Autónomas se hará a lo largo del primer semestre de este año (se espera que todos los portales estén en funcionamiento antes de junio).
Los portales de transparencia de estos Tribunales van a permitir, por primera vez, que los ciudadanos y los profesionales de la justicia puedan consultar contenidos tales como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de las Salas de Gobierno. Además, se da acceso a otros documentos relevantes, entre ellos, circulares, unificación de criterio e información de utilidad general, como las agendas de señalamientos, los calendarios de guardia, las convocatorias de plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos, así como la gestión del presupuesto de que dispone cada tribunal superior.
El contenido de los portales se irá complementando con datos estadísticos que se actualizarán periódicamente y con un apartado de jurisprudencia en el que podrán descargarse resoluciones del tribunal.
La forma de acceder a estos portales será, bien desde el Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial, o bien desde la pestaña que cada Tribunal tiene en su propia web.
Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial y responsable de esta iniciativa ha declarado que, "la transparencia es uno de los compromisos del Consejo General del Poder Judicial como fórmula exigente para un mejor gobierno, principio de actuación de todos los órganos del Poder Judicial y vía de acercamiento a la ciudadanía".
El Poder Judicial, como el resto de los poderes públicos, debe ser un ejemplo de transparencia y buena gestión ante la ciudadanía, por ello la implantación de estos portales, con el objetivo de cumplir con los estándares nacionales e internacionales de funcionamiento transparente, es un hito de notoria importancia en este ámbito.
La vigente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, incluye al Consejo General del Poder Judicial dentro del ámbito subjetivo de aplicación de su título I, relativo a "Transparencia de la actividad pública", tal y como establece su artículo 2 e).
No obstante, estas medidas van más allá y con ellas se extiende el principio de transparencia al funcionamiento interno del Poder Judicial, ya existente para el Poder Ejecutivo y Legislativo. Por todo ello, no podemos sino hacer una valoración positiva de la medida adoptada.
Sin embargo, a pesar de la buena iniciativa y la rápida implantación de los referidos portales, aún habrá que esperar un periodo de tiempo para poder valorar que el funcionamiento de la plataforma se adecua a los compromisos acordados en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
Rosa Sanz Cerezo y Ana Caparrós Jiménez
Artículo publicado en Expansión
