Ciertamente la actividad regulatoria en el sector de las renovables está resultando incesante desde finales de año. Quizá lo más llamativo ha sido la subasta de un volumen de energía de 3.000 MW celebrada el pasado 26 de enero. También se ha desbloqueado al fin el régimen jurídico relativo al acceso y la conexión con la aprobación del Real Decreto 1183/2020 y la Circular 1/2021 de la CNMC. Es de suponer que cuando los gestores de redes lleven a cabo el cálculo preciso de las capacidades de acceso en cada nudo, y se planifique suficientemente, haya un crecimiento relevante de oportunidades para invertir en esos proyectos que tienen un plazo de puesta en marcha determinado y a cuyos promotores les puede interesar dar entrada a financiadores capitalistas y/o operativos. Desde luego, puede ser una relevante inyección económica que sirva para diversificar el impacto de la pandemia.
Ciertamente estas oportunidades no han dejado de producirse puesto que a pesar de que el precio de las subastas iba a deprimir los precios de la electricidad, no por ello han dejado de crecer el mercado de PPAs en España. Prueba de ellos los suscritos por grandes corporaciones consumidoras de electricidad (Shell, Danone, Cellnex, Bayer, Novartis, Waga, Makro, Ferrovial, etc.). Se trata de otra forma de financiar proyectos renovables, sin duda, que no ha cesado.
No cabe duda en la negociación de los futuros contratos de suministro a largo plazo, habrán de considerar la señal de precio de la energía renovable arrojada por la subasta (de forma ponderada 24,47 €/MWh para la tecnología fotovoltaica y 25,31 €/MWh para la eólica habrán de contemplar no sólo los efectos de esta señal de precios, sino también todas las circunstancias extraordinarias que hemos presenciado hasta la fecha (disminuciones de la demanda y paralización de proyectos por la pandemia, Brexit) y que podemos presenciar en un futuro (el futuro Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, reforma fiscal, reforma del mercado mayorista, etc.). Así se manifestó en la webinar que celebramos hace unos días abordando con inversores y operadores europeos.
Y ya desde una perspectiva macro, también han de considerarse varias cuestiones demostrativas de que esto no ha hecho más que empezar:
La primera de ellas es la penetración de 60 GW de renovables para esta década, así como la descarbonización proyectada del sector industrial, medidas ambas proyectadas en el PNIEC 2020-2030.
La segunda la eficiencia energética: También el Gobierno ha lanzado una consulta pública para poner al fin en marcha el sistema de “certificados blancos” acreditativo de los ahorros de energía que puedan generar las comercializadoras, las empresas de servicios energéticos y los agentes industriales. Por fin se verá reconocido –y monetizado- sus esfuerzos para ahorrar el máximo en su coste energético. Esto supone una nueva oportunidad de mercado que no debería desecharse de inicio.
Y por último, también es obvio que habrá de tenerse presente el flujo de los fondos europeos NEXT GENERATION EU, que coadyuvarán de forma sustancial las necesidades de financiación de instalaciones insertas en el proceso de electrificación de la economía en el que nos vemos envueltos. Estamos hablando de que, en la estrategia de recuperación marcada por Europa, la transición energética y la digitalización acaparan el 70% de los fondos, y estamos hablando también de proyectos de almacenamiento, de hidrógeno verde y, en fin, hasta de comunidades energéticas y ciudadanas. Esperemos –claro está- que sea así, pues, salvo la sugerente figura de los PERTE, es notoria la timidez de las medidas para poder absorber tamaña cantidad, adjudicarla/subvencionarla y controlarla, aprobadas por el Congreso también hace unos días.
En fin, todas estas circunstancias determinan que se acentúe el apetito de inversores, nuevos y de algunos que están deseando llegar y que se hayan retrasado en sumarse a esta ola. Y desde nuestra perspectiva, es desde luego el momento de operaciones de M&A, asesoramiento regulatorio, y fiscal.
