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El Consejo de Ministros de ayer aprobó un Real Decreto-ley con el fin de incorporar diversas Directivas pendientes de transposición, entre las que destaca la Directiva 2015/849. Como resultado de esta trasposición se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Principales novedades

1. Obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la Directiva.

2. Nueva regulación al régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, que se endurece en relación con las personas con responsabilidad pública domésticas, yendo más allá de lo exigido por las Recomendaciones de GAFI.

3. Reducción del umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, que bajan de 15.000 a 10.000 euros .

4. Adaptación de los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE, incorporando además nuevas normas en materia de publicidad y nuevos tipos infractores.

5. Nuevo sistema de comunicación o denuncia de infracciones que tendrá naturaleza confidencial.

6. Nueva obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades.