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La ampliación de la prórroga de la moratoria concursal decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante el “Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación” permite que, de forma excepcional, las empresas en situación de insolvencia no tengan la obligación legal de solicitar concurso de acreedores. El 30 de junio de 2022 finalizará esta moratoria concursal que ya dura más de veinte meses puesto que el Gobierno promulgó la primera moratoria mediante el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

Con todo, el aumento de insolvencias continuará este año en gran parte por las consecuencias derivadas del incremento en el precio de las energías, la inflación galopante y los retrasos en el abastecimiento de determinadas materias primas. Estos peligros acechan a las empresas españolas independientemente de su tamaño. Además, existen riesgos muy peligrosos como son la guerra en Ucrania, los cuellos de botella en el comercio internacional, una inflación de carácter estructural, la incertidumbre en la regulación laboral y fiscal, el deterioro de las condiciones crediticias tras los avales ICO y el retraso en la llegada de los fondos europeos que podrían incidir en un mayor retraso en la recuperación y, por tanto, en más insolvencias empresariales.

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que permite a un deudor que esté en situación de insolvencia o que prevé que no podrá atender sus obligaciones de pago en un próximo futuro pueda llegar a un acuerdo con los acreedores a fin de que éstos acuerden reducciones de la deuda pendiente (quitas) y aplazamientos en el tiempo del pago de las cantidades que se les adeudan (esperas), con el objetivo de evitar el cierre del negocio y la liquidación del patrimonio del deudor. En consecuencia, el concurso puede rescatar empresas y conseguir que los acreedores cobren sus créditos.

Todo hace sospechar que, a partir del mes de julio, se producirá un alud de concursos de acreedores que según los más optimistas puede llegar a los 50.000 y para los pesimistas puede llegar a superar los 100.000. Seguramente, este tsunami de concursos colapsará los Juzgados de lo Mercantil y provocará que los procedimientos tengan una duración mucho mayor que la actual.

Asimismo, la experiencia en materia concursal demuestra empíricamente que cuanto más tiempo se demore la presentación del escrito de solicitud de concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil competente, más posibilidades existen de que el concurso acabe en liquidación. En apoyo de esta afirmación, una encuesta realizada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas sobre la evolución de los procesos concursales patentizó que el 90% de los mismos acaba en liquidación. Los auditores alertaron de que las empresas tardan demasiado tiempo en entrar en concurso de acreedores y eso dificulta su posterior viabilidad. En opinión de los auditores, las empresas entran muy tarde en los concursos de acreedores, muy pocas consiguen volver a posiciones de viabilidad y casi siempre terminan en liquidación. Un informe realizado por los expertos auditores pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España reveló que el 90% de los concursos de acreedores acaba en liquidación y c patentizó que las empresas que entran en un proceso concursal lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

Por consecuencia, las empresas que ahora tienen dificultades para atender sus obligaciones de pago o que prevean que este año no podrán atenderlas regular y puntualmente deberían consultar con un despacho de abogados la posibilidad de solicitar su concurso, aunque la moratoria no le imponga la obligación de presentar concurso por encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente.

Aequo Concursal, SLP aporta soluciones jurídicas para salir de la situación de insolvencia mediante la presentación de un concurso de acreedores. Aequo Concursal integra un equipo profesional multidisciplinar, formado por abogados y economistas, con amplia dedicación y experiencia en el ámbito concursal. El carácter multidisciplinar le otorga la capacidad para afrontar la gestión de todo tipo de concursos con visión global.

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Pere Brachfield, abogado.