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Tal como viene siendo habitual en los últimos años, los últimos días del mes de diciembre suponen una actividad frenética en el Congreso de los Diputados tendente a la aprobación de numerosa normativa que regule situaciones especiales para el año que empieza. Así, presentamos las novedades tanto legislativas como de la jurisprudencia más relevantes que marcarán el inicio de este 2023.

¿Qué se considera teletrabajador de carácter internacional?

En cambio, si ejerce una actividad profesional, podrá trabajar para una empresa ubicada en España siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo no sea superior al 20?% del total de su actividad profesional.

Requisitos

  1. La existencia de una actividad real y continuada durante al menos 1 año de la empresa o grupo de empresas con la que el trabajador mantiene relación laboral o profesional.
  2. Documentación acreditativa de que la relación laboral o profesional se puede realizar en remoto.
  3. En el supuesto de una relación laboral, se deberá acreditar la existencia de esta entre el trabajador y la empresa no localizada en España durante al menos, los últimos 3 meses anteriores a la presentación de la solicitud, así como documentación que acredite que dicha empresa permite al trabajador realizar la actividad laboral a distancia.
  4. En el supuesto de la existencia de una relación profesional, se deberá acreditar que el trabajador tiene relación mercantil con una o varias empresas no localizadas en España durante, al menos, los 3 últimos meses, así como documentación que acredite los términos y condiciones en los que va a ejercer la actividad profesional a distancia

Reforma del Código Penal en materia laboral

El 22 de diciembre de 2023 se publicó la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. A nivel laboral, cabe destacar la reforma del artículo 311.2 del Código Penal.

Sentencias novedosas

En aplicación del artículo 26 de la mencionada ley deben establecerse la nulidad de pleno derecho de los actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado primero del artículo 2 de esta ley. Y del artículo 2 se identifica que se puede sufrir una discriminación en los ámbitos de enfermedad o condición de salud, entre otros. Asimismo, en aplicación del artículo 27 de la ley, el fallo reconoce una indemnización, que, además de la readmisión de la persona trabajadora, cumpliéndose así la restitución en caso de un despido, también debe darse una indemnización por el daño moral causado, aunque no se hubiera reclamado nada al respecto. La Agencia Española de Protección de Datos del TGPD sobre los principios de integridad y confidencialidad de los datos personales, así como la responsabilidad pro activa del responsable del tratamiento de demostrar su cumplimiento, cuando se lee públicamente una carta privada de una trabajadora en la reunión convocada por el sindicato y, por lo tanto, comunicarse a todos los asistentes la situación de acoso laboral denunciada en dicha carta.

No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional Sección 1, de 9 septiembre de 2022, recurso 1470/2020 anula la multa impuesta a una empresa por leer en una reunión la carta privada de una trabajadora al considerar que la trabajadora dio su consentimiento para que la carta se pusiera en conocimiento de los representantes y que además la situación de acoso de la trabajadora era ya conocida por los compañeros de la trabajadora que acudieron a la asamblea. El hecho de haberaceptado la prejubilaciónen la empresa a la edad de 55 años no conlleva la desaparición del derecho a la jubilación anticipada. Así pues, si se cumplen en el momento de la solicitud los requisitos exigidos por el artículo 161. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Septiembre de 2022, recurso 1382/2020, reconoce que el trabajador prejubilado tenía 61 años al momento de la solicitud, había cotizado más de 30 años a la Seguridad Social y su contrato se extinguió con base a un acuerdo colectivo, siéndole abonadas por la empresa las prestaciones contributivas de desempleo, así como las cotizaciones a la Seguridad Social desde la desvinculación de la empresa hasta la fecha de solicitud de la jubilación anticipado, lo cual hace concluir que la extinción del contrato de trabajo no fue voluntaria, y que por ello, se cumplen con todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la jubilación anticipada.

Novedades legislativas

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