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Ayer lunes, el gobierno llegó a un acuerdo in extremis con los sindicatos, ratificado por la CEOE y Cepym, para mantener los ERTE hasta febrero del año próximo, en condiciones distintas, a partir de final de octubre. Para ello se prorrogan las actuales (exoneraciones del 75% y el 65% para los ERTE por impedimento) hasta final de octubre de modo que las empresas tengan tiempo de preparar y presentar las nuevas solicitudes.

Con el ERTE renovado hasta febrero, las empresas de más de 10 trabajadores que no impartan formación tendrán el 40% de exoneración, y si la imparten, el 80%; para las de menos de 10 trabajadores, 50% sin formación y 80% con formación. Así pues, se pretende incentivar la mejora de la calidad del trabajo, lo que esperamos sea un camino a seguir de largo recorrido.

Parece que nuestro país ha levantado la cabeza un poco en lo que a turismo se refiere, aunque haya sido en mayor medida el turismo interno el que ha llenado hoteles y restaurantes, y ello nos aporta una menor alegría en la balanza exterior.

Pero hay sectores aún con importantes carencias; hay una crisis importante en los transportes. Y no me refiero a la escasez de camioneros que sufren los británicos por la ausencia de los europeos, que también es un tema que llama la atención, sino que la ralentización del sistema de transportes producida por el parón económico no acaba de arrancar de nuevo y que, como el efecto acordeón que se produce en las carreteras al menor percance, dificulta el movimiento mundial de mercancías, encareciendo los materiales, paralizando las cadenas de producción y dificultando el arranque de los negocios, aunque haya demanda que puede permitirlo.

Adicionalmente, constatamos otras disfunciones que se acumulan a los anteriores como la ausencia de chips para el montaje de componentes electrónicos que tiene parados, o a medio gas, muchas cadenas de producción de productos que incorporan tecnología informática.

En la cara oculta de este escenario nos encontramos con gran cantidad de empresas inactivas sobre las que la administración esta poniendo su atención a los efectos de expulsarlas del mercado, como ya expusimos en nuestro artículo del pasado 7 de septiembre, y que no tienen actividad alguna. Para conservarlas, si se pretende retomar la actividad más adelante, conviene darlas de baja de actividad, aunque ello no evita que hayan de presentar impuesto de sociedades y depositar cuentas. Ello, sin embargo, ha de ser una cuestión circunstancial, motivada y transitoria, por cuanto se considera que las sociedades tienen como finalidad la de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, y no la de permanecer latente e inoperativa por un largo período de tiempo.

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Juan Núñez – abogado

Fuente: BDabogados

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