El 20 de octubre de 2020, la Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra Malta y Chipre, mediante la emisión de cartas de notificación formal en relación con sus planes de ciudadanía para inversores, también llamados planes de ‘‘pasaporte dorado o GOLDEN VISA’’.
Éstos países permiten que una persona adquiera una nueva nacionalidad fundándose en dicha inversión;muy diferente de los planes de residencia, también denominados ‘’visados dorados o GOLDEN VISA’’ que permiten a los nacionales de terceros países, obtener un permiso de residencia para vivir en un país de la UE.
La Comisión considera que la concesión por parte de estos Estados miembros de su nacionalidad a cambio de invertir o pagar una determinada cantidad de dinero sin existir un vínculo real con el Estado miembro, no es compatible con el principio de cooperación leal del artículo 4 (3) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y afecta a la esencia de la ciudadanía de la UE.
Además, según la Comisión, estos planes tienen repercusiones en la UE en su conjunto ya que cuando una persona adquiere la nacionalidad de un Estado miembro, también se convierte automáticamente en ciudadano de la Unión. Consecuentemente, disfrutará de todos los derechos vinculados a esta condición, como el derecho a circular, residir y trabajar libremente dentro de la UE o el derecho a votar en las elecciones municipales y las elecciones del Parlamento Europeo.
La Comisión ha planteado con frecuencia su preocupación sobre los planes de ciudadanía para inversores y por ciertos riesgos inherentes a dichos planes relacionados especialmente con la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción.
De hecho, estos procedimientos de infracción obedecen a las revisiones que el Parlamento Europeo ha realizado sobre estos esquemas de ciudadanía y a la resolución adoptada en el pasado mes de julio, en la que se solicitaba a los estados miembros la eliminación gradual de los esquemas de residencia o ciudadanía por inversión.
Los gobiernos de Malta y Chipre disponen de dos meses para responder las cartas de notificación formal y defenderse. Si las respuestas no son satisfactorias, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado al respecto, lo que significa que los dos países podrán enfrentar sanciones.
La Comisión también se dirige de nuevo a Bulgaria para poner de relieve sus preocupaciones en relación con un plan de ciudadanía de los inversores gestionado por ese Estado Miembro y solicitar más detalles. El Gobierno búlgaro tiene un mes para responder a la carta en la que se solicita más información, tras lo cual la Comisión decidirá sobre los siguientes pasos
