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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció a mediados de mes, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, que llevará al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para actualizar el proceso penal, otorgando a los fiscales la dirección de la investigación.

Este proyecto de reforma se sitúa dentro de la agenda del plan Justicia 2030, y tiene como objetivo agilizar y desarrollar la Administración de Justicia, incluyendo otras medidas fuera del campo penal.

En lo que aquí interesa, y que ha sido el anuncio estrella de la comparecencia, ha sido este giro radical que pretende darse a la LECRIM, donde la fase de instrucción estará a cargo del Ministerio Fiscal, desterrando paulatinamente la figura del Juez de Instrucción.

Cabe recordar que en nuestro Ordenamiento este modus operandi solo rige en los procesos de Responsabilidad Penal de Menores, siendo esta una reforma que equipararía los dos procesos en este aspecto. A su vez, mirando sucintamente en nuestro Derecho comparado, comprobamos que gran parte de los países de nuestro entorno tienen este sistema. De esta manera en países como Alemania rige el monopolio de la figura del Ministerio Público en la fase de instrucción penal, y en Portugal e Italia tienen un peso mayoritario respecto de las funciones que tiene un Juez en fase de instrucción.

El ministro de Justicia ha resaltado su intención de contar con un amplio consenso entre los operadores jurídicos para implantar esta nueva reforma, que sin duda va a modificar en gran parte nuestra cultura jurídica penal.

En conclusión, habrá de seguirse con atención el camino que pretende esta reforma, que, según las fuentes del Ministerio, está prevista su aprobación durante este año 2020.

Fuente: Euroforo Arasa de Miquel Advocats

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