La semana pasada, mientras el mundo entero tenía la mirada puesta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el lobby de la gig economy libraba su propia batalla en el estado de California, resultando victorioso. Con el 58% de los votos favorables se ha aprobado la Proposition 22 (“Prop 22”), una propuesta de ley por la cual empresas como Uber, Lyft, DoorDash o Instacart van a poder seguir considerando a sus conductores como profesionales autónomos.
La Prop 22, cuya iniciativa y campaña ha supuesto el desembolso de más de 200 millones de dólares por parte de las referidas empresas (la iniciativa más cara en la historia de los EEUU, según informa New York Times), supone un revés para el Estado de California en su intento de regular la industria tecnológica y ofrecer una mayor protección laboral a los llamados gig workers o trabajadores a demanda.
La Prop 22 surgió como contrapropuesta a la ley aprobada en California y que entró en vigor el 1 de enero de 2020, en virtud de la cual aquellos profesionales que realizaban tareas propias de la actividad principal de la empresa y eran controlados por ésta –sin operar desde su propia empresa– debían ser considerados como trabajadores y no como profesionales autónomos, lo que comportaba que los conductores de Uber y Lyft pasaran a considerarse trabajadores asalariados.
Tras la entrada en vigor de esta ley, Uber y Lyft, no sólo mantuvieron a sus conductores como autónomos, sino que advirtieron públicamente con dejar de operar en California e iniciaron la campaña que desembocaría en la victoria de la Prop 22. Hoy en día, ambas compañías han sido demandas por incumplir la ley, si bien el alcance de las posibles sanciones quedará reducido al período de incumplimiento anterior a la victoria de la Prop 22.
En efecto, la aprobación de esta propuesta legislativa conlleva que los conductores o repartidores que prestan servicios para estas plataformas tecnológicas sean considerados como profesionales autónomos e independientes en lugar de trabajadores por cuenta ajena, estatus que comportaría el reconocimiento de toda una serie de beneficios y derechos tales como salario mínimo, seguro médico, cobertura frente al desempleo, baja por enfermedad, entre otros.
En contraprestación, la Prop 22 reconoce a este colectivo unos ingresos mínimos (aplicados en función de la jornada) equivalentes al 120% del salario mínimo en California y un seguro de salud y accidentes. Lo cual supondrá aumentar los costes laborales de Uber en aproximadamente 5% (según esta noticia).
Mientras tanto, ¿cuál es la situación en Europa?
En este contexto, desde el Ministerio del Trabajo y de Economía Social se está preparando un proyecto de ley que pretende regular el estatus laboral de las personas que prestan servicios para plataformas digitales en España (ver noticia aquí).
Estas tendencias contrapuestas a nivel mundial podrían dar lugar a que la misma empresa tenga trabajadores con estatus y niveles de protección muy diferentes según el país en el que operen.