La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre la política de competencia correspondiente a 2016. Se trata de una publicación anual en la que la Comisión Europea resume las actuaciones más relevantes llevadas a cabo durante el año en materia de competencia, lo que permite conocer los objetivos y prioridades de la política de competencia a nivel de la Unión.
En materia de ayudas de estado, uno de los objetivos principales de la Comisión durante este año ha sido adoptar medidas contra las ventajas fiscales selectivas, esto es, las normas por las que un Estado otorga de manera selectiva y arbitraria un mejor tratamiento fiscal a determinadas compañías, obteniendo así una mejor posición competitiva en el mercado. La decisión más destacada de la Comisión fue la de considerar como ventaja fiscal selectiva los acuerdos fiscales entre Irlanda y Apple (asunto SA.38373). En este mismo campo pero en el plano normativo, la Comisión ha propuesto una respuesta coordinada a escala de la UE para evitar la elusión del impuesto de sociedades, adoptando una propuesta de Directiva que impone a los grupos multinacionales obligaciones de proporcionar información contable a las autoridades.
Otro de los objetivos de este 2016 respecto a las ayudas de Estado ha sido la modernización del control de las mismas, pasando por un incremento de la transparencia. Desde julio de 2016, todas las autoridades están obligadas a proporcionar información individual de todas las ayudas que superen los 500.000€, incluido el listado de beneficiarios, que será público en el portal de transparencia de la Comisión.
La Comisión también ha centrado sus actuaciones en asegurar la competencia en el mercado único digital, de modo que los beneficios del desarrollo tecnológico sean aprovechados por todos los ciudadanos de la Unión. Con el fin de analizar el funcionamiento actual de tal mercado, la Comisión inició una investigación sectorial sobre el comercio electrónico, cuyos resultados preliminares ya habían identificado el extendido uso del bloqueo geográfico (geo-blocking), que consiste en ofrecer servicios distintos en función del país en que se encuentra el receptor, limitando la libre competencia en un entorno digital que traspasa fronteras. Los resultados finales, publicados ya en 2017, confirmaron esta conclusión, lo que ha supuesto la apertura de varios expedientes sancionadores.
También en relación con el mundo digital, la Comisión ha continuado sus investigaciones sobre si determinados motores de búsqueda están frenando la innovación en los productos ofrecidos. Hasta cuatro pliegos de cargos se han formulado contra Google por supuestas restricciones de la competencia.
Para asegurar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, la Comisión ha analizado varias concentraciones, bloqueando, por ejemplo, la adquisición por parte de Hutchinson 3G UK de O2 (asunto M.7612) del grupo Telefónica UK. En el sector del transporte, destaca el envío de un pliego de cargos a Brussels Airlines y TAP Portugal en relación a un acuerdo de cooperación entre ambas empresas para ofrecer vuelos con código compartido. la actuación más relevante es la histórica sanción impuesta en el marco del asunto del cartel de los camiones, en el que la Comisión sancionó con un total de 2.900 millones de euros a los principales fabricantes de camiones por su participación en un cartel (AT.39824).
En el sector de la protección de cultivos la actividad de la Comisión ha sido notable. La Comisión ha investigado la fusión de DuPont y Dow, así como la adquisición de ChemChina por parte de Syngenta (M.7962), ambas operaciones con un impacto significativo en los mercados de semillas y fitosanitarios.
El sector financiero ha sido también uno de los principales campos de actuación de la Comisión. Destaca la detección de un cartel de derivados sobre tipos de interés del euro, en cuya resolución varios de los principales bancos de inversión (HSBC, JP Morgan o Crédit Agricole) fueron sancionados, mientras que otros como Barclays o Deutsche Bank alcanzaron un acuerdo con la Comisión (AT.39924). También cabe destacar la investigación abierta respecto de las tasas interbancarias aplicadas por MasterCard y Visa en relación al pago efectuado por titulares de tarjetas de países fuera del Espacio Económico Europeo.
En cuanto al sector energético, destaca, por una parte, el análisis de la concentración entre Baker Hughes y Halliburton, en el mercado de servicios de explotación de petróleo, que llevó a las partes a renunciar a la operación. Por otra parte, prosiguieron las investigaciones sobre los posibles abusos de posición de dominio de Gazprom en el sector de abastecimiento de gas natural en Europa Central y Oriental. En cuanto a las energías renovables, la Comisión adoptó más de 15 decisiones analizando diferentes regímenes de apoyo a los productores de dicho tipo de energía a la luz de la normativa de ayudas de Estado.
El último punto destacable de la política de competencia de la Comisión Europea hace referencia a sus esfuerzos para incrementar la eficiencia de las autoridades de competencia nacional, para asegurar una aplicación efectiva y uniforme de las normas de competencia en todo el territorio de la Unión. A estos efectos, la Comisión ha estado examinando, mediante una consulta pública, si las autoridades nacionales disponen de todas las competencias, recursos e independencia necesaria; los resultados de la consulta apuntan a que existe margen de mejora en cuanto a la eficiencia de las mismas. La Comisión Europea también ha fijado como objetivo a lo largo de este 2016 mejorar la cooperación entre autoridades de competencia a nivel mundial, intensificando el diálogo interinstitucional.
Puede accederse al informe, en español, en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2016/part1_es.pdf, y al Staff Working Document, en inglés, que lo acompaña, aquí: http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2016/part2_en.pdf
Josep Peya e Irene Moreno-Tapia
