Los ánimos en lo tocante a la cuestión de la proclamación de independencia en Cataluña han llegado en las últimas semanas a su punto más álgido.
La incertidumbre y la preocupación se han adueñado de millones de españoles que miran con el corazón en vilo la evolución de la situación que se está dando en Cataluña y el resto de España, a la espera de la resolución final y de las repercusiones que este evento puede tener para todos.
A continuación os ofrecemos un análisis de este proceso, y de cómo será la situación para los millones de pensionistas (ya sean por Jubilación, por Incapacidad Permanente u otro tipo) y perceptores de prestaciones sociales dentro de Cataluña.
A fecha de hoy y en vista de los acontecimientos, con el ambiente en Cataluña más caldeado que nunca en lo que a la cuestión independentista se refiere, todo apunta a dos posibles escenarios:
La proclamación de la República Catalana mediante una declaración de Independencia, o la paralización de dicho proceso mediante la intervención jurídica del Gobierno Central, con la aplicación del artículo nº155 de la actual Constitución Española.
Ambos escenarios tendrán repercusiones tanto para Cataluña como para España, y por supuesto para todos los habitantes de la península, por eso vamos a analizar por separado las posibles consecuencias que tendrían para todos los pensionistas que cobren sus prestaciones en Cataluña.
Como su propio nombre indica, la DUI es una Declaración Unilateral de Independencia, que presuntamente va a ser llevada a cabo por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en base a los polémicos resultados obtenidos en el Referéndum del 1 de Octubre de 2017, que son la culminación del proceso de desconexión iniciado por dicho Gobierno desde 2016.
En dicha ley aprobada por el Gobierno de la Generalitat no se detallan los mecanismos económicos mediante los cuales van a ser garantizadas las prestaciones sociales, pero podemos arrojar algo de luz al respecto sabiendo cómo funcionan las cotizaciones de los trabajadores al Ministerio de la Seguridad Social.
Los impuestos recaudados por la actividad laboral de cualquier rincón de España, va a parar a la Seguridad Social, organismo dependiente del Gobierno Central, y es este mismo organismo el que posteriormente provee a los cotizantes de sus pensiones y prestaciones.
De esta manera, aunque Cataluña se constituya en una República independiente, las personas que actualmente reciban prestaciones del Ministerio de la Seguridad Social, seguirían percibiendo dichas pensiones con normalidad al igual que sucedería si residen en otro país distinto de España, ya que la percepción de estas pensiones se debe a lo que han cotizado durante toda su vida laboral en el pasado y no cambia aunque residan en otro país.
Por otro lado, las personas que estén cotizando actualmente o vayan a hacerlo en el futuro, tampoco quedarían desamparadas o damnificadas por la situación, puesto que cuando parte de un Estado se independiza, no es un proceso brusco que se lleve a cabo de un día para otro.
Pongamos por ejemplo el famoso "Brexit", aunque el Referéndum de Reino Unido efectuado el 23 de Junio de 2016 marcara que se producirá su separación de la Unión Europea, desde dicho referéndum se estipularon dos años durante los cuales en Reino Unido deberá negociar con la Unión Europea sus condiciones de salida, y de no encontrar un acuerdo el periodo continuará hasta lo que se estima pueden ser de cinco a seis años, durante los cuales el Reino Unido será todavía un miembro efectivo de la Unión Europea, sujeto a sus leyes y reglamentación.
Actualmente cuando un trabajador cotiza en varios países, recibe pensiones por separado en función de la cantidad cotizada y los años de actividad, así que el mecanismo en el caso de que Cataluña se independice de España, será similar.
El escenario que empieza a perfilarse como el más probable tras los acontecimientos de los últimos días entre el Gobierno Central encabezado por el presidente Mariano Rajoy, y la Generalitat de Cataluña, presidida por Carles Puigdemont, es que debido a las actividades efectuadas durante los últimos meses por el Gobierno de la Generalitat, que entran en conflicto directo con las leyes recogidas en La Constitución Española de 1978, y a la falta de resolución posible entre las partes, sea aplicado el artículo nº 155 de dicha constitución, cuyo texto es el siguiente:
Aún se desconocen los mecanismos mediante los cuales será aplicado el artículo 155 de La Constitución, pero según las declaraciones de los miembros del Gobierno Central, todos los esfuerzos irán encaminados a "recuperar la autonomía de Cataluña".
En el caso de que se produzca la aplicación de este artículo, es posible que estemos ante un periodo político muy agitado tanto en Cataluña como en el resto de España, en el que veremos acciones seguramente controvertidas de ambos gobiernos, destinadas a restablecer la normalidad y llegar a una solución para la situación de inestabilidad y agitación política y social que se está viviendo.
De acuerdo a la información que ha transcendido, es posible que se releve del cargo a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, y se coloque a un "Ministro para Cataluña" que pueda gestionar la dirección de la comunidad mientras se producen unas elecciones para elegir unos nuevos dirigentes.
En lo que atañe a las pensiones, este es el escenario más seguro para cualquier persona que reciba prestaciones sociales o pensiones.
Durante el periodo de elecciones, la gestión de la Generalitat de Cataluña dependerá directamente del Gobierno de España y del Ministerio de la Seguridad Social, así que las pensiones y prestaciones llegarán sin problemas a sus perceptores mientras se producen dichas elecciones, hasta que se restablezca el funcionamiento regular del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Las pensiones de jubilación que emanan de la Seguridad Social, dependen exclusivamente de la cantidad cotizada y el número de años de actividad laboral del trabajador, de esta manera, independientemente del escenario que finalmente se desarrolle, las pensiones por jubilación no deberían verse afectadas.
Las pensiones de incapacidad, independientemente de su grado (total, cualificada, absoluta o gran invalidez) o tipo, que emanan de la Seguridad Social, dependen de la cotización que haya hecho el trabajador, de su vida laboral y del grado de la dolencia que tengan, es por esto que indistintamente de si Cataluña sigue perteneciendo a España o no, no se deberían ver alteradas.
Seguirían la misma regla que los dos puntos anteriores. Aunque al final todo dependerá de cómo se desarrolle la situación.
Sea cual sea el escenario que finalmente suceda, y dejando a un lado las preferencias políticas, en ambos casos las pensiones y las prestaciones sociales están aseguradas y no existe un riesgo real de que los pensionistas se queden desamparados, así que todos nuestros lectores pueden estar tranquilos.
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