Tal como avanzamos en enero pasado, finalmente las pymes y autónomos podrán reclamar su historial financiero a la banca (y a cualquier otra entidad financiera) partir de octubre de este año, según una circular publicada en el BOE el pasado 12 de julio.
La normativa obliga a la banca y entidades financieras autorizadas a proporcionar un rating financiero a autónomos y pymes. Dicha calificación se dividirá en “riesgo bajo”, “riesgo medio-bajo”, “riesgo medio-alto” riesgo alto o no disponible”.
La finalidad es reforzar la transparencia en los créditos que la banca concede a sus clientes y al propio tiempo potenciar la alternativa de la financiación no bancaria.
La normativa obligará, a partir de octubre, a las entidades financieras que decidan cancelar o reducir la financiación a pymes y autónomos, a informarles con un preaviso de tres meses y a hacerles entrega de la Información Financiera-Pyme. También se podrá acceder a esta información, previo pago de la tarifa correspondiente a solicitud del acreditado.
Se espera que sea una herramienta eficaz para la valoración del riesgo de las pymes en términos comparativos y fidedignos.
