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Conforme a los últimos datos de la Seguridad Social, y según su documento ‘Pensiones contributivas de la Seguridad Social Agosto 2020’), en España se abonan actualmente un total de 950.119 pensiones de incapacidad permanente. Antes de la proclamación del Estado de Alarma el número de pensionistas de invalidez era de 962.300 (diciembre 2019). Por tanto, no solo no ha crecido la cantidad de ingresos, sino que ha disminuido casi un 2%. Analizamos este fenómeno en nuestro blog, incluyendo lo que ha ocurrido -y está ocurriendo- en los juzgados con las demandas de invalidez.

En 2019 la tónica general fue el crecimiento paulatino, mes tras mes, de las pensiones de incapacidad abonadas por el INSS. Todo lo contrario que en este particular año 2020. Si bien desde hace tiempo lo habitual es que, en una primera instancia administrativa, se denegaran este tipo de solicitudes, se observa que la pandemia ha traído consigo aún más negativas. Estas pueden haber sucedido no solo en un primer trámite, sino también cancelando prestaciones ya concedidas tras las revisiones del denominado Tribunal Médico. Porque, por regla general, no se puede atribuir el problema a que haya descendido la cifra de peticiones totales de invalidez, las cuales no paran de crecer.


Asimismo, el importe medio de las mensualidades de incapacidad permanente ha decrecido ligeramente desde antes de la crisis sanitaria hasta mitad de año. En agosto, la pensión media estatal de invalidez se situaba en 985,37 €, aproximadamente un euro menos que en febrero e inicios de marzo.

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Los jueces vuelven a dictar sentencia

Tras el “parón” de la litigiosidad durante el Estado de Alarma, desde junio los juzgados (de lo Social y los tribunales superiores de justicia) han vuelto a emitir sentencias de incapacidad permanente. Poco a poco, también se han ido señalando fechas de juicio. En este sentido, los demandantes que reclamaron judicialmente antes del comienzo de la pandemia han tenido que esperar. Incluso ha habido demandas presentadas en 2019 que no han obtenido una sentencia hasta el segundo semestre de este año.

Pese a ello, para los que han reclamado últimamente ante la ley una pensión de invalidez, esta demora en muchas ocasiones ha merecido la pena. Porque los jueces en muchas ocasiones condenan a la Seguridad Social a reconocer lo que en su día desestimó.

Los ciudadanos vascos, quienes más cobran ahora por incapacidad

Las estadísticas más recientes afirman que el País Vasco es donde más se supera la pensión media de incapacidad, con una media comunitaria de 1.260,18 € por pensión. En cualquier caso, la cuantía de cada prestación no depende totalmente de la Seguridad Social en lo que respecta al importe final. La base reguladora de cada trabajador, la contingencia (causa) y el tiempo de cotización son los parámetros principales a la hora de calcular una prestación de incapacidad permanente.

En lo que sí es definitiva la palabra de esta entidad, o de un juez, es en el grado de incapacidad reconocido. Porque, por ejemplo, si se trata de una incapacidad total se tiene derecho al 55% de la base reguladora. Y si el grado que se otorga es el de absoluta, un 100%. Estos son, a día de hoy, los tipos de invalidez más comunes, ya que la incapacidad parcial o la Gran invalidez -los niveles mínimo y máximo de incapacidad laboral, respectivamente- no son tan habituales.

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Un positivo en la Ciutat de la Justícia de Barcelona

Aunque los rebrotes sigan surgiendo, la justicia no va a parar. Y quienes hayan visto rehusada su solicitud de incapacidad permanente por el cauce administrativo, deben saber que su posible demanda seguirá un curso relativamente normalizado. Hay que tener en cuenta que, incluso sin confinamiento, puede que algunos juzgados tengan que cerrar temporalmente por contagios entre sus trabajadores.

Eso es lo que se ha vivido hace muy poco en las las plantas del edificio P de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Dichos juzgados (penales) ya han sido reabiertos. Pero son los juzgados sociales los que gestionan los casos de incapacidad permanente, a pesar de que ahora son los juicios por despidos los que están a la orden del día en las salas de lo Social.


¡Hola! Soy Jorge, abogado especialista en Derecho Laboral desde 2007 y socio director de Campmany Abogados, un proyecto que nació en 2009 fruto de mi interés en ayudar a enfermos o lesionados. Estoy licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.