La Generalitat de Catalunya acaba de aprobar (DOGC de 5 de octubre de 2021; https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=911512) el Avance del Plan Director Urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles del litoral catalán, que comprende los municipios situados entre Malgrat de Mar y Alcanar (excluyendo el área metropolitana de Barcelona, que será objeto de un PDU específico).
Siguiendo con la línea marcada por el PDU de revisión de los suelos no sostenibles de la Costa Brava (aprobado en enero de este año), la Administración catalana se propone ahora revisar el planeamiento urbanístico vigente en el resto del litoral catalán. Concretamente, 335 ámbitos o sectores, incluidos en 30 municipios, que suman 5.000 hectáreas de superficie y en los que se podrían construir unas 110.000 viviendas. Estos ámbitos se corresponden con sectores de suelo urbanizable (delimitado o no), así como urbano no consolidado, que no se han desarrollado aún y que están fuera del calendario previsto para ello en el planeamiento vigente.
El objetivo del nuevo PDU es verificar si la urbanización de estos ámbitos de planeamiento resulta sostenible o no, aplicando para ello cinco criterios: territorial, urbanístico, ambiental, paisajístico y afectaciones sectoriales (inundabilidad, transporte de mercancías peligrosas, etc.). Una conclusión negativa supondrá la desclasificación.
Por el momento, la aprobación del Avance de PDU ya conlleva una moratoria de 1 año en la tramitación planes urbanísticos derivados, proyectos de urbanización y reparcelación y licencias urbanísticas en 236 sectores, de 27 municipios, que representan 3.556 hectáreas y tienen un potencial de construcción de 70.000 nuevas viviendas. Estos sectores son los que, por ahora, la Generalitat considera que son menos sostenibles y, por tanto, en los que el riesgo de desclasificación es cierto.
Los propietarios de terrenos afectados por el PDU (incluidos en la moratoria o no) pueden hacer alegaciones al mismo hasta el próximo 5 de noviembre de 2021.
Creemos que es esencial, y por ello recomendamos, que los afectados aprovechen el trámite y realicen alegaciones. Se trata de un primer paso, que debe ir acompañado de la búsqueda de complicidad del ayuntamiento correspondiente con el desarrollo previsto, para evitar la desclasificación y la irremediable pérdida patrimonial que de ella se derivará para los propietarios.
